En medio de la denuncia presentada por Puerto Barú contra las organizaciones ambientalistas Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) y Adopta Bosque Panamá, el autor repasa la historia del reconocimiento jurídico de la naturaleza y advierte sobre los riesgos de intentar silenciar a quienes la defienden.
Cuenta Robert Macfarlane en el excelente libro ¿Están vivos los ríos? de un joven profesor de derecho de la Universidad de California en Los Ángeles llamado Christopher Stone. Un día de 1971, para animar a sus estudiantes, les preguntó: «¿Qué pasaría si la naturaleza tuviera derechos? ¿Lagos, animales, selvas? ¿Cómo afectaría a la comunidad?».
Se armó un escándalo. “¿Que un río podrá demandarte por echarle basura?” “¿Qué la selva me paga los daños si uno de sus árboles cae en mi techo?”. La clase se deshizo en risa.
Stone, sin embargo, se quedó pensando. Un año después publicó un artículo en una revista de derecho, “¿Deben los árboles tener personería jurídica?”. Llamó mucho la atención con un planteo que, más que extravagancia académica, era un desafío profundo a nuestro orden legal: si las empresas y las personas pueden tener derechos, ¿por qué no la naturaleza?
Dos años después del artículo, Stone sacó un libro con el mismo título y causó un debate internacional de medio siglo. Hoy en día la naturaleza, o partes de ella, cuenta con derechos en varios países. Algunos de ellos son:
Australia: El río Yarra
Bolivia: La Madre Tierra (Pachamama)
Colombia: El río Atrato y la selva amazónica
Ecuador: La Naturaleza
Canadá: Los ríos de la provincia de Québec
España: El Mar Menor
India: Los ríos Ganges y Yamuna
Nueva Zelanda El río Whanganui y la selva Te Urewera
Países felices, dirían muchos. Hogares de pueblos y gobernantes sabios, ya que la naturaleza se encuentra amenazada en muchas partes del mundo por la actividad económica humana. La misma Tierra, madre de todo y de todos, podría quedar sin vida si los seres humanos no comenzamos seriamente a protegerla. Toda persona que tenga un dedo de frente sabe esta verdad, pero son pocas las que hacen algo al respecto.
En el caso del río Atrato, que pasa a unos kilómetros de la frontera panameña, una comunidad indígena del Chocó entendía que era un ser vivo, digno de respeto y protección, así que interpuso una demanda de tutela contra la contaminación por minería ilegal con mercurio. La Corte Constitucional de Colombia le dio la razón: reconoció su cuenca y afluentes como una entidad sujeta a derechos de protección, conservación y mantenimiento.
Aquí en Panamá, los indígenas Naso de Bocas del Toro se sienten obligados por su religión a ser guardianes de la Tierra, obligación que parecen compartir con tribus de todas las Américas. En 2009, para un reportaje de La Estrella de Panamá, pasé unos días entre ellos. Alguna compañía extranjera iba a construir una represa por allí y había cambiado el cauce del río Teribe, dejando unos 50 metros secos con un montón de pececitos muertos. Me los mostró un indígena viejo llamado Esteban Durán, totalmente ultrajado —como hubiera sido el señor Ricardo Martinelli si se hubieran metido en sus supers, abierto sus cajas y quemado todo el efectivo.
No sé más de la religión de los indígenas, pero por ella protegen a la Tierra. Nosotros los hebreos y cristianos hemos olvidado lo que manda el Génesis 2:15: “Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara”.
Hay casi 200 países, pero solamente en un puñado la naturaleza, o partes de ella, tienen derechos. La superficie de todos juntos cubre poco de la Tierra. Mientras tanto, hay millones de sociedades anónimas con fines de lucro que gozan de derechos también, y de abogados cuyas garras y dientes dan vergüenza a los tigres y tiburones. No se distinguen por su respeto a la naturaleza. Es cierto que todo gobierno tiene funcionarios cuyo oficio es proteger al medio ambiente, pero suelen ser de poco poder y, además, muchos gobiernos son corruptos.
¿Quién, entonces, defiende a la naturaleza? Los activistas, ambientalistas, los grupos formados por ellos, y los individuos generosos que les dan recursos.
¿Qué sería la Tierra sin ellos? Un desierto.
La sociedad tiene derecho a defenderse. Pero a veces ocurre, como ocurre ahora en Panamá, que si un grupo ambientalista reclama a una empresa por el daño a la naturaleza, la empresa puede decidir aplastar al grupo con recursos legales diseñados para intimidar y arruinar. Podría aplastar al grupo de una vez y para siempre con una demanda millonaria o cualquier otra cosa; y después ir por todos los demás grupos, uno por uno. La táctica para hacerlo existe. Solo falta una Corte complaciente.
Sería muy tonto dejar que esto pase.


