La ley panameña contempla la interrupción del embarazo si hay una violación, malformación fetal o riesgo de vida para la mujer. Pero aún así, aunque se trate de una violación, que el bebé tenga pocas probabilidades de nacer o que la mujer pueda morir antes de llegar al parto, la mayoría de las veces las autoridades no lo permiten ni facilitan. Al margen de esa indiferencia, ocurren casos como el de Susana, una joven abusada por su novio, y quien se encargó de obligarla a abortar en circunstancias no seguras