El Programa de Escritura «Pensar Panamá / Narrar la Democracia» reunió a académicos, activistas y profesionales de distintos campos. Lo que produjeron es un mapa colectivo de los desafíos del país. Aquí, sus columnas.

Son las 4 de la mañana. Una mujer sale de San Martín hacia el Ministerio de Comercio para denunciar que una empresa extrae arena de una cuenca protegida. Llega, espera, y recibe una respuesta en tres líneas: la concesión tiene todos los permisos. Nadie le explica más. Ella vuelve a su casa.

A kilómetros de allí, un amigo tarda dos semanas en armar una denuncia por una contratación irregular. Sigue las instrucciones, llena los formularios, los envía. La respuesta llega rápido: no es competencia de esta entidad. Sin orientar. Sin nada. No vuelve a intentarlo.

En Bambú Lane, uno de los sectores más violentos de Colón, una comparsa logra lo que el Estado no: crear un espacio seguro. Pero cada domingo, cuando termina el ensayo, el barrio vuelve a ser lo que era antes de la música.

Tres escenas. Tres países dentro de un mismo país.

Desde 2016, la Escuela Concolón forma periodistas, comunicadores y narradores en el arte de contar lo real. En 29 talleres con maestros locales e internacionales, fueron capacitadas más de 700 personas con  una sola convicción: contar bien es un acto de justicia, reparación y superación. La Escuela no es solo para periodistas: es para cualquiera que necesite comunicar con rigor, con datos y con voz propia.

 

En ese espíritu nació el Programa de Escritura ‘Pensar Panamá / Narrar la Democracia’, una iniciativa de Concolón y la Embajada del Reino Unido en Panamá, facilitada por la periodista Sol Lauría. Durante cuatro sesiones presenciales y una clínica de edición individual, columnistas, académicos y activistas desarrollaron textos de análisis y opinión orientados a enriquecer el debate público. El resultado: dieciséis columnas publicadas en La Prensa y La Estrella de Panamá a lo largo del primer trimestre de 2026. Una alianza editorial que, en sí misma, es ya una señal de que el debate público puede ampliarse cuando hay voluntad de hacerlo.

¿Qué encontraron cuando se pusieron a pensar Panamá?

Encontraron un país que no confía en sus instituciones y paga por ello. Según Latinobarómetro 2023, solo el 16% de los panameños expresa algo o mucha confianza en quienes toman decisiones. Eva Lin calculó el costo de esa desconfianza: Panamá paga cerca de 3% adicionales sobre la tasa base en sus préstamos internacionales, por encima de Chile y Perú. «La desconfianza no espanta toda la inversión: la filtra», escribió. «Y ese filtro, cuando premia el atajo y complica el camino formal, termina encareciendo la vida de todos».

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Encontraron un Estado que exige ciudadanos responsables mientras hace todo lo posible para expulsarlos. La Contraloría descartó en 2025 más del 58% de las denuncias ciudadanas que recibió, muchas de ellas por razones que el propio sistema nunca advirtió con claridad. «Una democracia opaca no es descuido», concluyó Elrys O. González Watson. «Es una decisión».

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Encontraron que Panamá lleva dos años consecutivos en la lista negra de la OIT por violar libertades sindicales, mientras el gobierno recorre el mundo intentando salir de otras listas. Antonio Vargas lo sintetizó así: «Salir de las listas internacionales no depende solo de lo que un gobierno diga en foros internacionales. Depende de la coherencia entre lo que un país promete en el exterior y lo que cumple dentro de sus propias instituciones».

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Pero los talleristas no solo miraron al Estado. Miraron también al territorio, a la economía, al cuerpo, al cielo.

Eysel Chong Guardia trazó el mapa de una brecha que nadie nombra: las provincias del interior aportan entre el 10% y el 15% del PIB nacional no porque produzcan poco, sino porque lo hacen sin cadenas de valor que las conecten con mercados, financiamiento ni centros de innovación. «La desigualdad no se explica por falta de producción, sino por falta de articulación». El puente que falta, señaló, es político antes que físico.

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María Andrea Lacayo midió lo que Panamá no está capitalizando en bioeconomía (ver aquí). Valentina Varela documentó iniciativas culturales en barrios que generan seguridad y oportunidades sin el Estado, y preguntó cuánto tiempo más podrán sostenerse solas. Margot López revisó la historia de Amador a 26 años de la reversión del Canal y encontró que lo que el pueblo panameño tardó casi cien años en recuperar se está vendiendo al mejor postor extranjero, con la complicidad del silencio ciudadano (ver aquí). Angélica Maytín Justiniani miró a la Asamblea Nacional y encontró reformas a medias y privilegios intactos (ver aquí).

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Otras voces pusieron el foco en lo que ocurre cuando el sistema no te ve, o te ve mal.

Stephanie Pita narró cómo la exclusión funciona como mecanismo institucional: desde las reglas de donación de sangre hasta el acceso a espacios públicos, la identidad sigue reemplazando a la evidencia como criterio. Jennifer Delgado Urueta señaló que de las 24 niñas y adolescentes que cada día se convierten en madres en Panamá, 18 lo hacen producto de relaciones con hombres al menos cinco años mayores, y que sin poner a esos hombres en el centro del problema no hay solución posible (ver aquí). Susana Araúz apuntó a los cuidados, y escribió en El turno que nunca termina: el trabajo que sostiene la vida: «En Panamá, el cuidado se resuelve en silencio: sobre el cuerpo de otras mujeres y en condiciones de precariedad».

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Cely T. González denunció que comer mal en Panamá no es solo un hábito: es el resultado de un entorno que lo facilita, y de una política pública que aún no lo reconoce como emergencia (ver aquí).

Alberto Agrazal lo resumió desde la experiencia del trabajo comunitario: «La democracia no se juega solo en oficinas. Se juega en la vida cotidiana: en vecinos que se organizan por el agua, en comunidades que defienden sus ríos». Y en Río Indio, dicen: «Millones para qué, si el pueblo no los ve».

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Sophia Nandwani advirtió que más del 80% de los panameños se informa desde el celular, y menos del 10% lo hace directamente en la página de un medio. En ese ecosistema, donde los algoritmos priorizan el escándalo sobre la verdad, la desinformación no solo circula: escala más rápido que la información verificada. «La pregunta ya no es si está ocurriendo», escribió. «La pregunta es si sabremos defenderla».

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Franchesca González Olivardía y Renate Sponer miraron al cielo. La primera encontró que el deterioro del aire explica dos crisis que Panamá trata por separado: la caída en los ingresos del Canal y el aumento de enfermedades respiratorias. La segunda advirtió que el calor ya no es una sensación: en la última década, la velocidad del calentamiento se duplicó, y Panamá sigue respondiendo de manera fragmentada y reactiva. «Si el país realmente quiere estar a la vanguardia de la acción climática, necesita un debate público honesto y maduro, a la altura de la emergencia manifiesta».

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Dieciséis columnas, dieciséis entradas a un mismo diagnóstico: Panamá es un país rico en recursos, en posición geográfica, en Historia, que sigue organizándose de manera que esa riqueza no llegue a la mayoría. Un país donde las instituciones no se explican a sí mismas, donde el debate público está secuestrado por los algoritmos y por los silencios cómodos, donde el patrimonio se vende mientras nadie mira, y donde la participación ciudadana suena linda como proclama pero falla en la práctica.

Lo que estas voces tienen en común no es el pesimismo. Es la convicción de que nombrar los problemas con precisión es el primer paso para enfrentarlos. Que contar bien —con rigor, con datos, con voz propia— es, en efecto, el punto de partida necesario para construir futuro.

 

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