El país permite el uso de plaguicidas prohibidos hasta en 115 países y que en localidades como La Chorrera provocan efectos en las personas y los recursos como el agua. Falta de controles, denuncias que no prosperan y una empresa que opera sin estudio de impacto ambiental propio son algunas de las alarmas que encienden en las comunidades. ¿Quiénes están detrás del millonario negocio?