Presidentes, ministros, diputados y alcaldes han estado involucrados en escándalos de tierras en algunas de las zonas con mayor potencial turístico de Panamá. Un rastreo de Concolón muestra que sólo los casos denunciados por medios de comunicación incluyen el 5% del territorio nacional: 351 mil hectáreas.
Durante la década del 90, un gobierno aprobó la venta de casi 50 hectáreas de tierras públicas por centavos para construir un mall en el corazón de la capital del Panamá.
A principios del 2000, otra gestión cedió una parcela paradisíaca frente al mar por un precio de remate para un proyecto turístico inmobiliario y cedió una isla sobre el Pacífico a una empresa que la llenaría de tanques de combustible.
Enseguida, el tío del expresidente Martín Torrijos logró el negocio de su vida: consiguió 30 hectáreas del Estado en Punta Chame por menos de un centavo el metro cuadrado.
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Son hechos denunciados por medios de comunicación que fueron escándalos, pero no pararon pese a la indignación social: la voracidad de presidentes, ministros y políticos por apropiarse o negociar con tierras de todos no hizo más que acrecentarse en las décadas siguientes: 71 casos desde 1991 que afectaron al menos 351 mil hectáreas en nueve provincias.
Concolón rastreó denuncias de casos de alto perfil de negociados con tierras públicas y colectivas en los últimos treinta años en archivos de medios de comunicación. Con los resultados, construyó una base de datos para analizar quiénes fueron los protagonistas, qué instituciones estuvieron involucradas y cuántas hectáreas afectaron, entre otras cosas.
Los hallazgos muestran investigaciones periodísticas por corrupción, tráfico de influencias y falsificación de documentos en acaparamiento, apropiación ilegal y venta de tierras públicas que, solo en los 46 casos en los que se pudo identificar la cantidad de hectáreas involucradas, dan cuenta de la magnitud: 351,683 hectáreas. La cifra equivale a seis mil parques como el Omar o mil quinientos como el Metropolitano.
En la mayoría de los casos participó un funcionario público (85% del total). De esos, tres de cada diez incluyeron a un presidente. Las denuncias, además, involucraron a diputados, a ministros y a alcaldes. Estos políticos lucraron con 202,613 de hectáreas públicas. Y eso sólo en casos publicados por medios de comunicación de Panamá.
Hubo seis presidentes mencionados tanto por facilitar ventas o traspasos de tierras a familiares o amigos, como por avalar operaciones que habrían perjudicado los bienes públicos. Ricardo Martinelli está en el podio con diez casos que involucraron casi 47 mil hectáreas.
Los archivos dan cuenta de que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) posibilitó la mayoría de esos delitos, pero no es la única institución pública que beneficia a empresarios y políticos con titulaciones dudosas o ilegales. También aparecen la presidencia, ministerios y el Registro Público, además de la dirección de Reforma Agraria, el Banco Hipotecario y Contraloría, entre otras.
Además de políticos, los empresarios fueron protagonistas de artimañas e ilegalidades vinculadas a tierras en al menos 19 casos. La mayoría con la pantalla de desarrollos turísticos. Uno llamativo es el de un holandés que logró acaparar más de 2 mil hectáreas en las costas de Veraguas y Colón, aún con varios procesos judiciales en su contra y una condena.
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*Con información de Errol Caballero.
Sol Lauria
Etiquetas: Base de datos
