Organizaciones sociales y sindicales denunciaron una presunta estructura de espionaje policial que habría infiltrado sus espacios para identificar y seguir a dirigentes. La Policía dijo que se trata de agentes encubiertos que participan en investigaciones desde 2025.

La Policía Nacional reconoció que utiliza agentes encubiertos en organizaciones sociales, después de que dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos expusieran una presunta operación para obtener información sobre sus dirigentes y actividades.

El pasado 8 de septiembre dirigentes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, en conjunto con diversos grupos defensores de derechos humanos y docentes, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y otras unidades de la fuerza pública, en la que hablan de “espionaje ilegal”. Las organizaciones aportaron un documento con evidencias como fotografías y datos de 24 agentes que, según los denunciantes, confirmaron una «estructura estatal paralela o paraestatal» que opera fuera del marco legal, empleando recursos públicos y ejecutando misiones encubiertas de vigilancia, seguimiento e infiltración en sus actividades sin revelar que pertenecían a la Policía.

“No tenemos infiltrados, sino agentes encubiertos”, respondió la Policía. Según la institución, varios de los funcionarios señalados trabajan desde 2025 en investigaciones y allanamientos relacionados con esos grupos.

Las denuncias

La Alianza Pueblo Unido por la Vida, que reúne a organizaciones sindicales y sociales, presentó junto con SUNTRACS, Frenadeso y Convergencia Sindical una denuncia de 46 páginas donde apunta a la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y mencionan a dos sargentos, José Isaac Urriola Bethancourt y Andy Sánchez, a quienes ubican en reuniones, talleres, asambleas y manifestaciones, haciéndose pasar por participantes de los movimientos. El seguimiento, indica el documento, no terminaba en las actividades públicas: también habría alanzado espacios de organización interna y a dirigentes fuera de ellos.

Según la denuncia, esta estructura policial habría seguido y vigilado a actores de la sociedad civil, defensores ambientales y de derechos humanos, dirigentes sindicales, líderes indígenas y universitarios, comunidades, periodistas y miembros de la Iglesia católica que cuestionaron políticas públicas o exigieron transparencia y rendición de cuentas.

En uno de los casos expuestos, policías habrían seguido a movimientos indígenas en Panamá Este y obtenido información sobre sus dirigentes. La presentación también describe actuaciones durante protestas que, según los grupos, fueron más allá de observar lo que ocurría: algunos agentes habrían intervenido en situaciones de hostigamiento y otros habrían terminado como testigos protegidos en procesos contra dirigentes comunitarios.

Los grupos también señalan que se utilizaron herramientas de vigilancia digital y que hubo interceptaciones de comunicaciones. Uno de los puntos más graves es la acusación de que se habrían fabricado o colocado pruebas para sostener procesos contra manifestantes y dirigentes, utilizando recursos públicos.

Cobre Panamá y la protesta social

En 2025, Panamá atravesó una ola de protestas que comenzó con el rechazo a la reforma del sistema de pensiones y se extendió por el país. A ese malestar se sumaron el rechazo al memorándum firmado con Estados Unidos y la intención del Gobierno de reabrir Cobre Panamá, cuya concesión había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 2023. Las movilizaciones derivaron en una fuerte respuesta policial y en procesos contra dirigentes sindicales.

Concolón documentó en una investigación 747 violaciones a los derechos humanos entre enero y julio de 2025, entre ellas 454 detenciones arbitrarias y 106 casos de uso excesivo de la fuerza. También registró dos muertes y 37 personas heridas.

En junio de ese año, expertos independientes de Naciones Unidas expresaron su preocupación al Gobierno panameño por denuncias de uso excesivo de la fuerza, allanamientos y posibles detenciones arbitrarias durante las protestas. La comunicación también abordó la situación de pueblos indígenas y de personas que ejercían su derecho a manifestarse contra leyes, políticas públicas y proyectos mineros.