Un documento de la Oficina del Consejero de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Gobierno de Canadá remarcó “prácticas cuestionables” de empresas mineras canadienses en el istmo.

El gobierno de Canadá reconoció que las actividades extractivas de empresas canadienses en Panamá generaron riesgos para la salud humana, medioambientales y para la biodiversidad, ya que algunos se encuentran ubicados en el Corredor Biológico Mesoamericano y otras áreas forestales protegidas.

También apuntó que en “un largo historial de inversiones en las que participaron empresas canadienses” hubo actividades que “perturbaron la vida de las personas que vivían en las zonas de estos proyectos o cerca”. Y agregó: “Teniendo en cuenta todas las inversiones de tiempo y recursos realizadas y las perturbaciones que se produjeron en las vidas de las personas, hay muy poco que mostrar en cuanto a desarrollo concreto de minas con una producción viable”.

 

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En un minucioso documento de 44 páginas, la Oficina del Consejero de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Sector Extractivo del Gobierno de Canadá hizo un repaso de la “ajetreada” historia de la minería en Panamá, afectada por “prácticas cuestionables”.

El documento fue producto de una visita a Panamá del 6 al 12 de septiembre de 2016. En la misión, el Consejo visitó dos proyectos de propiedad canadiense y tuvo contactos con “todas las partes interesadas del país” — autoridades de gobierno, representantes de la sociedad civil, del clero, del gremio empresarial y de empresas canadienses— para entender los problemas, preocupaciones y desafíos en relación con las operaciones extractivas.

Hubo más cosas que llamaron la atención de las autoridades canadienses, como la incapacidad de empresas y gobierno de “cerrar operaciones mineras o rehabilitar minas abandonadas” de “forma respetuosa con el medio ambiente”, especialmente en el caso de las minas a cielo abierto.