La oposición a una reforma al sistema previsional, el memorándum con Estados Unidos y la posible reapertura de una mina han sacado a la población a la calle durante el 2025. El Gobierno ha respondido con una represión feroz y la judicialización de líderes sindicales: más de setecientos casos de violaciones a los derechos humanos. Los acontecimientos, el alcance y los patrones de la violencia estatal, documentados para esta investigación.
Panamá vivió en 2025 una crisis nunca vista desde el retorno de la democracia en 1989.
Desde principios de año, las calles de la ciudad capital fueron escenario de manifestaciones en rechazo a una reforma por ley al sistema de pensiones, a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de retomar el control del Canal de Panamá, y las intenciones del presidente José Raúl Mulino de reabrir una mina que la Corte Suprema de Justicia ordenó cerrar en 2023, por inconstitucional.
En enero, organizaciones sindicales y sociales encabezaron protestas contra el gobierno de Estados Unidos y la visita de su secretario de Estado, Marco Rubio, al país.
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Enseguida, sindicatos obreros y gremios docentes iniciaron una huelga nacional que paralizó sectores clave del país por el miedo a una jubilación de miseria.
Desde entonces y hasta mediados de año, hubo protestas cada semana en las 13 provincias y cuatro comarcas indígenas del país. Desde la frontera con Costa Rica, donde trabajadores de la bananera Chiquita mantuvieron a Bocas del Toro bloqueada por tres semanas hasta que el Gobierno declaró a la provincia en estado de emergencia; pasando por la capital, donde activistas, mujeres y estudiantes convocan a movilizaciones; hasta el límite con Colombia, donde indígenas denunciaron violencia policial y enviaron una carta al Papa León XIV pidiendo su ayuda, el país vivió un estado de movilización permanente donde los reclamos centrales —ley de jubilaciones, soberanía y reapertura de la mina— se mezclaron con una combinación de privaciones de larga data.
Por un lado, las materiales: aumento del desempleo y alta informalidad, bajos salarios y servicios básicos, entre otros. Por otro, las políticas, como la casi nula capacidad de la ciudadanía de incidir en la toma de decisiones. Un modelo injusto, sostenido por “unos cuantos grupos poderosos” que concentraron los beneficios del crecimiento a tasas excepcionales de los últimos 30 años, como mostró el Latinobarómetro.
El gobierno, en lugar de escuchar y mediar, intensificó las recetas de siempre: violencia policial, criminalización de la protesta y detenciones a líderes sindicales. Si en las manifestaciones de 2023 el expresidente Laurentino Cortizo hizo de la represión un patrón, según reportó una investigación periodística de Concolón, ahora con José Raúl Mulino los métodos represivos parecen haberse transformado en una política de Estado.
Concolón rastreó los casos de víctimas de la represión ocurridos entre enero y julio de 2025. En una alianza con Guásimo Multimedia, que cubrió las protestas y registró con cámaras muchos de los abusos, y Wagua Films, investigó en redes sociales, medios de comunicación y organismos de derechos humanos, analizó videos y fotografías, reporteó con fuentes en organismos públicos y la justicia, conversó con líderes sociales y las víctimas a lo largo de todo el país, para documentar los casos, el alcance y los patrones de la represión.
Los hallazgos fueron volcados en una base de datos que aporta evidencias sobre la magnitud: 747 violaciones a los derechos humanos, que incluyeron 454 detenciones arbitrarias —al menos 42 de ellas con golpizas— y 106 casos de uso excesivo de fuerza, la mitad con abuso de gas pimienta.
Hubo dos muertos y 37 heridos.
La primera víctima fue una niña de un año y ocho meses. Se llamaba Michelle Becker y murió el 15 de julio de 2025, en Pueblo Nuevo, distrito de Changuinola, después de que unidades policiales lanzaran gases lacrimógenos en zonas residenciales, según documentó la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa). El informe de Copodehupa, una de las fuentes para documentar las violaciones a los derechos humanos de esta investigación, incluyó una muerte más: Roger Montezuma, de 25 años y padre de tres hijos, recibió disparos durante una protesta en Bocas del Toro. El Ministerio de Seguridad reconoció ambos fallecimientos.
La violencia policial alcanzó a todas las provincias del país.
Un procesamiento preliminar de la base de datos elaborada por esta alianza investigativa revela seis patrones claros, que se exponen a continuación.
1.Uso excesivo y prohibido de la fuerza contra población civil
El uso desproporcionado de la fuerza aparece como uno de los ejes centrales de la represión. La base de datos registra 106 casos de uso excesivo de la fuerza, la mitad de ellos con abuso de gas pimienta, lanzado de forma indiscriminada en barrios residenciales, comunidades indígenas, escuelas y universidades.
En Bocas del Toro, una niña de un año y ocho meses murió tras la exposición a los gases con los que las fuerzas de seguridad rociaron zonas habitadas. En Veraguas, una diputada denunció afectaciones en barriadas con niños y adultos mayores. En Arimae y Piriatí, las comunidades denunciaron gases disparados directamente contra casas, provocando incendios y desplazamientos forzados.
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Entre los casos procesados se documentó el uso de perdigones prohibidos por ley, incluidos algunos de plomo. Un manifestante en San Félix perdió la visión de un ojo tras recibir un impacto directo en el rostro. La profesora Berta Sanjur sufrió lesiones graves por un proyectil de gas lanzado directamente a su cuerpo. En Río Salado, Chiriquí, docentes y mujeres resultaron con fracturas y pérdida de conciencia tras la represión.
@tcomarcasProfesora Berta sigue con la atención médicas cuidadosa luego de que fuera brutalmente reprimido por unidades de SENAFRONT, los asesinos de los gobiernos a pesar de las denuncias nacionales e internacionales siguen matando, golpeando y maltratando a los manifestantes. El pueblo no se ha doblegado y siguen en firme pidiendo derogación de la Ley 462.♬ sonido original – TELE COMARCAS
Las autoridades negaron o minimizaron estos hechos. La Policía afirmó que no utilizó objetos contundentes y que actuó conforme a protocolos. Sin embargo, imágenes captadas por agencias internacionales mostraron el ingreso de agentes públicos en comunidades, donde reprimieron con fuerza. La Defensoría del Pueblo recordó entonces al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y las fuerzas policiales “apegarse estrictamente a los protocolos de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, con pleno respeto a los derechos humanos”.
2. Detenciones arbitrarias como herramienta de control
Las detenciones arbitrarias fueron el mecanismo más extendido de la represión. Esta investigación documentó 454 detenciones arbitrarias entre enero y julio de 2025, la mayoría sin orden judicial, sin flagrancia y sin informar a familiares sobre el paradero de los detenidos. En al menos 42 casos, estuvieron acompañadas de golpizas al momento del arresto, durante el traslado o dentro de instalaciones policiales.
Testimonios y Copodehupa evidencian que en varios casos las aprehensiones ocurrieron fuera de las protestas. Personas fueron detenidas en sus casas, en comercios o cuando ya se retiraban de los puntos de manifestación. En San Félix, al menos 19 personas fueron arrestadas cuando la vía ya estaba despejada. En Veraguas, un juez declaró ilegal la detención de 21 personas y ordenó su liberación de 21 personas.
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Las condiciones refuerzan el carácter arbitrario. Detenidos relataron golpes al momento del arresto, requisas humillantes y encierro sin comida ni agua. En Changuinola, decenas de personas permanecieron días en cuarteles policiales sin acceso a abogados. Un joven denunció presiones para firmar documentos en los que debían declarar que sus lesiones eran producto de caídas o accidentes.
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Casos de intimidación y persecución también forman parte de este patrón. Kevin Sánchez, dirigente Ngäbe Buglé en Panamá Este, denunció el ingreso ilegal de la policía a su vivienda, donde sus hijos y su esposa fueron sometidos con armas de alto calibre. Posteriormente, fue seguido y amenazado por policías y civiles para que abandonara la protesta. “Me dicen que debo callarme, o me callan la boca”, dijo.
Las autoridades justificaron las detenciones bajo la figura de “obstrucción del libre tránsito”. Sin embargo, resoluciones judiciales posteriores y testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos contradicen esa versión. En numerosos casos, no existía bloqueo, no había violencia y no se probó delito alguno.
3. Represión focalizada contra pueblos indígenas
La represión tuvo un impacto particularmente grave sobre pueblos indígenas. . En la comarca Ngäbe Buglé y en comunidades Emberá y Wounaan de Darién, esta investigación documentó allanamientos sin orden judicial, cercos policiales, cortes de energía eléctrica y detenciones de autoridades tradicionales.
“Esto es una dictadura”, denunciaron líderes Ngäbe Buglé: “Sacan a nuestros dirigentes de sus casas a punta de golpes”.
Los toques de queda impuestos por gobernaciones en territorios indígenas se decretaron sin consulta ni base legal clara. Aunque luego fueron anulados por el Ejecutivo, ya habían producido detenciones y abusos. Las comunidades denunciaron la vulneración de su autonomía y autodeterminación, protegidas por la Constitución y normas internacionales.
Para más, el gobierno avivó un discurso estigmatizante. La ministra de Gobierno afirmó que las autoridades tradicionales “limitan a su gente” y que el pueblo indígena es “utilizado como escudo”. Estas declaraciones acompañaron operativos armados y judicialización de líderes comunitarios.
4. Ataques a la educación, la universidad y la autonomía
Las universidades y centros educativos también fueron tratados como territorios a controlar. La Policía ingresó al campus de la Universidad de Panamá, sitió el Domo Universitario y requisó estudiantes sin orden judicial. Un estudiante denunció que recibió un disparo de proyectil en el cuello al intentar salir del campus. En la Facultad de Medicina, la tanqueta “Pitufo” destruyó equipos científicos y ventanas, poniendo en riesgo laboratorios.
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En paralelo, el Ministerio de Educación y la Contraloría utilizaron mecanismos administrativos como forma de castigo colectivo. Se retuvieron salarios de docentes en huelga y de otros que no participaban en ella. El contralor anunció la suspensión de pagos a más de 15 mil docentes sin procesos individualizados.
Funcionarios reforzaron la estigmatización. La ministra Lucy Molinar acusó a docentes de “usar a los estudiantes como escudo”. El contralor habló de “vender terrorismo”. El resultado fue un clima de persecución y miedo en el sistema educativo.
5. Criminalización sistemática de la protesta social y judicialización sindical
Desde abril de 2025, el Estado trató la protesta social como un problema de orden público y no como un ejercicio de derechos. La criminalización se expresó en detenciones arbitrarias, uso reiterado de figuras penales como “obstrucción del libre tránsito” y en la judicialización de organizaciones sindicales.
Un caso emblemático fue el ingreso de unidades de los estamentos de seguridad, encapuchadas y con armas desenfundadas, a las instalaciones del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), sin orden legal de allanamiento. Cuando un abogado exigió la orden judicial, los agentes le indicaron que debía retirarse del lugar. El hecho fue registrado y difundido públicamente:
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La persecución escaló hacia sus dirigentes. Saúl Méndez, secretario general del sindicato, solicitó asilo político tras denunciar persecución y amenazas en el marco de la represión contra la protesta social. Paralelamente, Genaro López fue privado de libertad, en un proceso que organizaciones de derechos humanos y sectores sindicales calificaron como parte de la judicialización de la protesta.
A nivel institucional, el Estado avanzó además con la suspensión de la personería jurídica de SUNTRACS, una medida de carácter administrativo que afectó directamente el funcionamiento del sindicato y el ejercicio de la libertad sindical, protegida por convenios internacionales ratificados por Panamá.
Desde el Ejecutivo y la Policía se legitimó esta criminalización. El director de la institución afirmó que las aprehensiones respondían a “obstaculización del libre tránsito”, mientras el presidente José Raúl Mulino llamó “mafia” y “delincuentes” al sindicato, y avisó: “Van a pagar el precio de la ley”. El mensaje fue: protestar equivale a delinquir.
6. Estigmatización, desinformación y cierre del diálogo desde el Estado
El discurso oficial acompañó la represión física. Desde el Ejecutivo, se descalificó a manifestantes, sindicatos y comunidades como actores manipulados o con agendas ocultas. La expresidenta Mireya Moscoso y gremios empresariales hablaron de intentos de golpe de Estado.
La Defensoría del Pueblo adoptó posiciones públicas basadas en versiones policiales, como en el caso de la turista estadounidense, sin contrastar testimonios locales. En otros casos, minimizó las causas estructurales de la protesta y puso el foco en el daño económico.
Este cierre del diálogo derivó en una escalada. La OIT solicitó explicaciones al Estado por violaciones a la libertad sindical. Más de 100 intelectuales internacionales denunciaron la represión.
El patrón observado es claro: represión en el territorio, criminalización en los tribunales y estigmatización desde el discurso oficial.
