Después de un año de discusión, la ley que modifica las reglas de los próximos comicios salió del primer debate en la Asamblea con más privilegios para los partidos tradicionales. Mientras el texto avanza hacia el segundo debate, Ana Carolina Rodríguez analiza las desigualdades que siguen pendientes: pocas mujeres, mucha opacidad financiera y más barreras para las candidaturas independientes.

Luego de treinta y cinco sesiones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales —y de tomar apenas un tercio de los artículos discutidos en ese espacio para su texto final—, el Tribunal Electoral (TE) envió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral.  

No hace falta esperar al final del debate legislativo para advertir que algunas de las principales deudas del sistema electoral seguirán sin resolverse. La iniciativa mantiene las barreras para la participación política de las mujeres, conserva un modelo de financiamiento que favorece la concentración de recursos y desaprovecha la oportunidad de modernizar las candidaturas de libre postulación. 

Son tres reclamos de larga data que volverán a quedar en el tintero. Nuevamente perdemos la oportunidad de cerrar la brecha entre las reglas electorales y una democracia moderna, equitativa y transparente. 

A esta hora de la noche, sin debate y sin justificar de las modificaciones presentadas, la Comisión de Gobierno está aprobando las reformas electorales en 1er Debate.
La democracia panameña merecía más.https://t.co/C55ykw4qrz

— Ana Carolina Rodríguez (@anacaro262) September 24, 2026

1. La paridad electoral

Panamá fue uno de los pioneros regionales en establecer cuotas de género, que han existido en el Código Electoral desde 1997. En ese momento, se dispuso que los partidos debían postular al menos 30% de mujeres a los cargos de elección, cuota que aumentó al 50% en el 2012. Pero esa cuota nunca se cumplió. 

Aunque las mujeres conforman el 52.31% del padrón electoral, votan más que los hombres y ocupan el 71% de los puestos en mesas de votación, juntas de escrutinio y voluntariado, accedieron solo al 21.8% de las curules para diputaciones en la última elección. Ninguno de los partidos que compitieron presentó listas paritarias, según el Informe de la participación política de las mujeres en las elecciones de Panamá, 2024. 

El Proyecto 699 no elimina la “válvula de escape”, un mecanismo “de excepción” que se ha vuelto norma y permite a los partidos incumplir la representación de mujeres en listas si certifican que no consiguieron suficientes afiliadas dispuestas a postularse como candidatas principales. 

Por esa válvula, Panamá se ubica en el podio de la desprotección de los derechos políticos-electorales de las mujeres en la región: solo el 11% de las autoridades electas a todos los cargos son mujeres, cuando la media regional es 35.8%. Ni siquiera alcanzamos la paridad en las postulaciones, pues apenas el 19.3% de las candidaturas principales de 2024 correspondió a mujeres —eso sí: ocuparon el 50.9% de las suplencias.

Mientras países como México y Brasil hace años fueron más allá con acciones afirmativas como la asignación de financiamiento público especial a candidaturas lideradas por mujeres, la paridad vertical o listas cerradas, aquí las panameñas seguiremos subrepresentadas.

¿Por qué el sistema insiste en consolidar una injusticia? ¿Cuál es la razón para incumplir la ley de paridad, compromisos internacionales y el más básico sentido común? La premisa que parece sostener el atraso es que la mujer panameña ni se interesa ni se involucra en la política, una idea falsa según las evidencias que, además, no se admite en otro tipo de incumplimientos electorales: nadie acepta “falta de interés” como argumento para violar la veda electoral o esquivar la presentación de informes financieros. 

Pero la desigualdad electoral no termina en quiénes llegan a las papeletas. También opera en las reglas que determinan quiénes pueden financiar una campaña y cuánto dinero tienen a su disposición. 

🎯¡Paridad real sin excusas! ¡Hay que eliminar la válvula de escape del art. 373 del Código Electoral!

El 50%+ de las mujeres tienen sólo el 15% de la representación legislativa.

Estamos ante una oportunidad única para que la Comisión Nacional de Reformas Electorales ayude a…

— Flavia Freidenberg (@flaviafrei) November 20, 2025

2. El financiamiento político

La política panameña tiene, en teoría, un sistema de financiamiento ideal. Por un lado, el TE reparte dinero público entre partidos políticos y candidatos de libre postulación para nivelar la competencia frente a grandes donantes. Por otro lado, el privado permite a los ciudadanos participar en la vida política del país apoyando a sus candidatos. El verdadero reto está en controlar esos recursos para evitar que profundicen las desigualdades y el clientelismo. 

En el caso de los fondos públicos, el Estado aporta el 1% de los ingresos corrientes del año previo a las elecciones. La primera vez que lo otorgó, en 1997, esto representó 15 millones de balboas. Durante la última contienda, fueron siete veces más (109 millones) y para 2029 se proyecta que escale casi un 50%: 159 millones. En tres décadas, el padrón electoral creció un 33% y el subsidio estatal un 626%, una diferencia que evidencia la necesidad de revisar la fórmula para vincular el subsidio al crecimiento del electorado en lugar de los ingresos del Estado. 

El dinero privado también está regulado en el Código Electoral, el cual establece prohibiciones para donar —como aportes anónimos, extranjeros o de contratistas del Estado—, cuánto puede aportar un solo donante, los rubros de gasto permitidos y, desde 2017, los topes máximos de gasto. Si bien estos topes no se asignaron con base a criterios técnicos sino coyunturalmente tras los comicios del 2014, dos elecciones después tenemos evidencia suficiente de que son demasiado altos: todos los candidatos presidenciales en 2024 sumados no llegaron a reportar gastar el tope de $10 millones. 

Pero el problema no es solo cuánto dinero puede entrar en una campaña, sino saber quién está detrás de ese dinero. Por más que los donantes deben reportarse, hay mecanismos para esconder quiénes realmente hacen los aportes. Hoy las personas jurídicas pueden donar a campañas, aunque la ciudadanía desconozca quiénes son sus dueños o, en el caso de movimientos y fundaciones, de dónde provino el dinero.  También en los informes hay múltiples renglones reportados como “fondos propios” que, sin una forma de acreditar realmente su procedencia, podría funcionar como un vehículo para encubrir donantes anónimos. 

La plataforma La Ruta de La Plata, lanzada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, evidenció que en la campaña del 2024 un conjunto de apenas 161 candidaturas recaudó 21.3 millones  —en donaciones y aportes propios—, reportando 19.6 millones en gastos. Esta cifra muestra otra distorsión: si después de la campaña queda dinero sin gastar, los candidatos pueden legalmente conservarlo. 

Ausentes también de la discusión sobre las reformas están los mecanismos para evitar que dinero ilícito —del narcotráfico o de regímenes autoritarios extranjeros— financien candidaturas a través de testaferros. Tampoco nada sobre fórmulas para descentralizar el dinero dentro de los partidos, donde los fondos tienden a quedarse en manos de las cúpulas y casi por completo en la candidatura presidencial. Entonces, ¿quién controlará realmente el dinero que entra y se mueve dentro de las campañas y los partidos? 

La tercera desigualdad se manifiesta en las reglas para competir por fuera de las estructuras partidarias tradicionales.

3. La innovación en la libre postulación

La última elección reflejó el ánimo ciudadano, cada vez más alejado de los partidos tradicionales: los candidatos electos por la libre postulación pasaron de 28 a 66 a nivel nacional. Pese a no ser un único bloque, los independientes electos sumaron más curules que MOLIRENA, Partido Popular y Movimiento Otro Camino juntos. Aun así, estas reformas electorales desaprovecharon la oportunidad para innovar en las candidaturas independientes. 

Desde que arrancó el proceso de reformas, los partidos han buscado endurecer las reglas para las candidaturas de libre postulación, con un apoyo parcial del Tribunal Electoral. El proyecto acorta el plazo para reunir firmas, fundamentando la decisión en datos del propio Tribunal: quienes llegaron a la papeleta obtuvieron sus respaldos en los primeros meses. El argumento se debilita cuando el mismo texto eleva de 2% a 3% el número de firmas de respaldo exigidas para lograr la candidatura. Ninguna propuesta, en cambio, apunta a modernizar o sustituir la recolección individual de firmas, ya sea con mejores herramientas tecnológicas o con primarias abiertas entre aspirantes. 

Pese al éxito electoral de una coalición de libre postulación, ni siquiera se ha mencionado la posibilidad de incorporar en el Código Electoral una figura nueva de organización política, más allá de las conocidas. En Colombia, por ejemplo, los grupos significativos de ciudadanos permiten unir esfuerzos coyunturales bajo causas comunes para competir como un bloque unificado. La falta de figuras análogas, sumada a las barreras —en aumento— para inscribir partidos nuevos, deja al sistema expuesto al uso de vehículos legales inapropiados, como sociedades anónimas, fundaciones de interés privado y ONGs. El electorado panameño se merece alternativas que no exijan la rigidez de un partido nacional, pero que queden sujetas a la regulación electoral y a controles de financiamiento. 

Atrás deben quedar los tiempos de conformarnos con que se cuenten bien los votos y que la oposición reconozca los resultados electorales. Al rehuir el debate profundo que requiere adaptar la ley electoral a los estándares de una democracia moderna, estas reformas cosméticas no garantizan la paridad real, mantienen un financiamiento en el que mandan los grandes donantes, toleran el dinero sucio y cierran el paso a nuevas formas de organización política. El resultado es el estancamiento normativo, y el arrastre de una deuda que seguirá sin saldarse.