Panamá entra en crisis y reclama el cierre de la mina más grande de Centroamérica
07 Nov 2023

¿Puede la Justicia ser justa en Panamá? Cinco problemas que garantizan la impunidad

En los últimos años, la justicia en Panamá pareció justa: sepultó la concesión del gobierno con una gigante minera, condenó a diez años de cárcel a un expresidente y llevará a juicio a otro.  Pero los problemas siguen. ¿Cuáles son los vicios que debe desterrar para sepultar la impunidad en Panamá?

Cada 28 de noviembre, Panamá celebra su independencia de España. Hay desfiles,  fiestas, días de playa o descanso. Pero en 2023, no hubo nada de eso: hubo una nueva batalla.

Fue un martes. 

Desde hacía dos meses, las calles y rutas del país estaban tomadas por jóvenes, movimientos sociales y cívicos, sindicatos, grupos indígenas, campesinos y maestros, que protagonizaban el estallido social más grande de la historia reciente del país con un solo objetivo: desterrar la actividad minera de Panamá y sepultar para siempre una concesión inconstitucional que el gobierno había firmado con la gigante First Quantum Minerals, para renovar la explotación de cobre en una zona protegida del país. 

El 23 de octubre, al ser admitida la primera de varias demandas, la pelea se extendió de las calles al despacho de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que debían definir si el contrato que garantizaba esa concesión estaba alineado con la Constitución. El 12 de noviembre, los manifestantes llegaron a acampar a  las puertas del palacio de Justicia, para esperar durante más de dos semanas la definición de la batalla final. 

A las 7:12 a.m. del martes 28 de noviembre de 2023, esa definición llegó. 

María Eugenía López, presidenta de la Corte, acuerpada por otros ocho magistrados, apareció en televisión y dijo: “Comunico a la faz del país, que los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406 del 20 de octubre de 2023 (…). Significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige el país”. 

La calle explotó. Tras muchos golpes —la minera seguía operando pese a un fallo de inconstitucionalidad de 2017—, la ciudadanía vencía a un gigante y frenaba las intenciones del gobierno de sortear la ley. David vencía a Goliat y el país recuperaba sus áreas protegidas para sí. 

Foto: Roberto Barrios

A la Corte solo le tomó cuatro días de sesión permanente para resolverlo, algo también histórico.

El fallo renovó la confianza en una justicia que hacía tiempo era cuestionada. La impunidad sostenida por la influencia de otros poderes y la corrupción, la mora de espanto y muchos fallos en la implementación de la ley de carrera judicial, minaron la confianza de los panameños en la justicia y aumentaron sin parar la percepción de corrupción. 

¿Fue la del 28 de noviembre un punto de inflexión en la relación de la ciudadanía con la justicia? ¿O fue solo una muestra de que sin presión ciudadana, en Panamá no pasa nada y la impunidad reina? ¿Es, acaso, una excepcionalidad? ¿Puede la Justicia en Panamá ser justa? ¿Qué tiene que hacer para lograrlo?

Concolón analizó estadísticas, consultó a expertos y profundizó en los problemas, los vicios y las prácticas que la Justicia debe desterrar para, de una vez y para siempre, cumplir con lo que la sociedad espera de ella: que sea justa. Los desafíos son muchos.

Lentitud en los procesos, escasez de jueces y falta de transparencia en su labor, tribunales saturados, deficiencias en la preparación de los estudiantes de derecho y en la capacitación de los operadores judiciales, un sistema que es proclive a la corrupción y a las influencias, lo que termina afectando la forma cómo se resuelven las causas, son algunos de ellos.

Problema uno: mora judicial

Si la justicia llega tarde no es justicia, dice un pregón popular.

En el 2021 la mora judicial alcanzó los 66,144 casos y, dos años después, tan solo un tribunal —el Superior de Liquidaciones— mantenía más de  200 causas en trámite. Entre esos, el caso “New Business”, uno de los más de 90 casos de corrupción de alto perfil que el Ministerio Público ha investigado en los últimos 35 años. 

La justicia en Panamá es lenta. A veces pasan más de 20 años hasta que se cierra una causa. Dos ejemplos: un caso de peculado en el corregimiento de Calidonia, en Ciudad de Panamá, y el caso Cobranzas del Istmo.

Los hechos se produjeron entre el primero de septiembre de 1999 y el 31 de agosto de 2003, cuando la junta comunal destinó más de 500 mil dólares del erario a contrataciones de personal, servicios y adquisición de bienes sin la debida sustentación. Una auditoría reveló en 2009 que se trató de un desembolso injustificado y, por incumplir la ley de Contrataciones Públicas, el corregidor Ramón Ashby fue condenado en 2018 a prisión. Pero cinco años después, en 2023 seguía libre, a cargo del corregimiento, y hasta llegó a presidir el Consejo Municipal al que había defraudado. No fue hasta el 2 de agosto de ese año que la Corte confirmó la sentencia por peculado. Este año se emitió la orden de captura.

Otro ejemplo es Cobranzas del Istmo: un caso de lavado de dinero de corrupción que lleva nueves años sin terminar de salir de los tribunales. 

Empezó en agosto de 2010 con la firma de un contrato entre la Dirección General de Ingresos (DGI), entonces a cargo de Luis Enrique Cucalón, y la empresa Cobranzas del Istmo para cobrar a deudores o morosos. Enseguida, a la medida se le vieron los hilos: Cucalón y compañía cobraron coimas por esa contratación. Para más, el contrato fue firmado violentando los procedimientos requeridos en la contratación pública. En fin, una estafa al Estado.

¿Y qué pasó en la justicia? En el 2015 el Ministerio Público comenzó la investigación. Tres años después, en 2018, Cucalón fue condenado a 96 meses de prisión por peculado. Entonces siguió lo de siempre: recursos, otra instancia, casación. Hoy, a catorce años de la firma del contrato, Cucalón todavía espera en prisión domiciliaria que el proceso acabe: está pendiente la condena por blanqueo de capitales.

Fachada del Órgano Judicial de Panamá. Foto: Roberto Barrios

Hay muchos ejemplos más. La cuestión es la misma en todos: pasan más de diez años desde que la denuncia ingresa, hasta que la cuestión se resuelve. 

El Órgano Judicial, sin embargo, muestra con orgullo los avances. Mientras en 2018 el tiempo para resolver en primera instancia era de un promedio de diez meses —según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana—, ahora solo toma 57 días —de acuerdo al último informe de gestión del Órgano Judicial. Pero hay más instancias y no aplica a todos los casos, como los de corrupción de alto perfil. 

¿Por qué si en otros puede ser expedita y el fallo de la mina tomó poco más de un mes, no pueden ser rápidos en todos los casos? ¿Será la complejidad? ¿Hay injerencia política?

Carlos Barsallo, abogado especialista en temas de transparencia, dijo que no siempre “es por la complejidad”. “En algunas ocasiones la decisión se demora por otros factores no jurídicos”, dijo.

El constitucionalista Miguel Antonio Bernal lo explica fácil: “Los magistrados tienen una gaveta especial donde esconden los casos de alto perfil, hasta tanto le convenga al Ejecutivo de turno o a ellos mismos resolverlos”.

Problema dos: la carrera judicial

Los aspirantes a ocupar nuevos puestos en el Órgano Judicial deben someterse a los filtros establecidos por la ley de carrera judicial, que incluyen concursos de selección. Pero, hasta ahora, su ejecución no se está cumpliendo como debería, advierte Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados.

En el 2021 el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, solicitó más presupuesto para “implementar de una manera más eficiente la carrera judicial”. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lo denegó.
Para Barsallo, hay dos preguntas clave en este tema: ¿quién concursa? y ¿cómo? Otra interrogante sería si las fallas en la selección permiten el ingreso de funcionarios judiciales sin la debida preparación o con vínculos con el poder. “Debe evitarse que el concurso sea un formalismo que permita nombramientos más por lealtades que por mérito”, dijo.

Problema tres: el presupuesto

La constitución de 1972, en su artículo 214, establece que los presupuestos del Órgano Judicial y el Ministerio Público no pueden ser inferiores al 2% de los ingresos corrientes del Estado.

Tuvieron que pasar 51 años para que esto se cumpliera. Antes la justicia pedía y el MEF siempre recortaba. Pero en 2021 los abogados Juan Carlos Araúz y Carlos Lee demandaron el presupuesto del Estado de ese año ante la Corte Suprema.

La Corte jugó para el equipo y falló a favor de los demandantes. Para las vigencias de 2023 y 2024 la justicia recibió $579.6 y $693 millones, lo que equivale al 5% de los ingresos estatales proyectados. Un hecho inédito y que puso fin a una carencia histórica de recursos.

Problema cuatro: el choque de dos sistemas

Dos sistemas conviven en la justicia panameña. Cada uno, con sus respectivos procedimientos y ritualidades: el Sistema Penal Acusatorio, que está fundamentado en la oralidad y la separación de funciones entre los actores judiciales; y el Sistema Inquisitivo Mixto, que permitió la transición del Sistema Inquisitivo “puro” o tradicional al nuevo.

Los tribunales del Sistema Inquisitivo Mixto están sujetos a un cierre escalonado y en mayo pasado quedaban 787 expedientes por tramitar. Entre ellos estaba el caso “New Business”, que quedó por fuera del nuevo sistema.

En la Sala Segunda de lo Penal, en un mismo año se evacuaron 286 expedientes en el Sistema Inquisitivo Mixto y 528 expedientes en el Sistema Penal Acusatorio. Ambos sistemas coexisten en la justicia panameña.

Aunque el expresidente Ricardo Martinelli fue condenado a 10 años por lavar dinero que utilizó para comprar un grupo de periódicos, este caso es un ejemplo de cómo se puede dilatar una causa sacando provecho de una “justicia, amorfa, con dos reglas, dos sistemas”. Los abogados de la defensa suspendieron audiencias alegando problemas de salud. También interpusieron recursos: 17 apelaciones a partir de la condena del 17 de julio pasado. Todos fueron rechazados y la condena quedó ejecutoriada el 4 de marzo de 2024.

Problema cinco: los nuevos abogados

Cada semestre entre 750 y 1,500 abogados —según los expertos consultados— egresan de las universidades. Pocos pasan el examen y logran unirse a los cerca de 30 mil abogados que cuentan con idoneidad en Panamá. ¿Qué tan preparados están estos jóvenes para ocupar una vacante en un Órgano Judicial que requiere más jueces y tribunales?

¿Sus limitaciones académicas tendrán algo que ver con la proliferación de universidades privadas que ofrecen carreras más cortas? ¿O con lagunas por la enseñanza virtual durante la pandemia?

Esta relajación en la formación de los juristas no solo impide que aspiren a salarios dignos, sino que los vuelve más vulnerables a prácticas ilegales. Esto, sin contar que los tiempos —y el estigma de paraíso fiscal— exigen una mayor preparación para manejar nuevas regulaciones de transparencia como la debida diligencia, la identificación de beneficiarios finales y las responsabilidades de los agentes residentes. Son prácticas que Araúz subraya como necesarias “para que nuestra plataforma de servicios no sea presentada como una aliada del crimen”.

Puerta abierta a la impunidad

En el 2015 el entonces magistrado Alejandro Moncada Luna se declaró culpable por enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. Ese mismo año un grupo de abogados exigió al Ministerio Público investigar a “La taquilla”, un grupo de juristas que comercializaba con medidas cautelares. Cuatro años más tarde, el diario español El Mundo reveló el contenido de un audio donde un abogado panameño explicaba cómo se compraban desde jueces hasta ministros. Otros, como el ex magistrado Victor Benavides, compartían borradores de fallos judiciales. Más recientemente, un hijo de otro exmagistrado de la Corte fue condenado a cinco años por “negociar” un recurso de casación.

La realidad de nuestros tribunales opaca las aspiraciones de un poder judicial robusto e independiente. Ante la ausencia de fallos satisfactorios en la mayoría de los casos, crece la duda acerca de una justicia que es realmente igual para todos y se reafirma una que sigue ofreciendo atajos hacia la impunidad.

Para Sonia Rubio Padilla, de la Fundación para el Debido Proceso, con sede en Estados Unidos, esto es peligroso, ya que “mina la credibilidad del sistema político en general, la credibilidad ante los operadores de la justicia y comienza a permear la idea de que el Estado no es necesario… y que la venganza es la única salida que se tiene”. Es un tema urgente para un país que aspira a mantenerse entre los más prósperos y estables de la región, y donde la justicia —al calor de dos fallos históricos— puede dejar de ser vista como un espejismo.

Enviamos un cuestionario al magistrado Abel Zamorano, presidente del Consejo de Administración de la Carrera Judicial, para conocer cómo se está conduciendo el proceso de selección para nuevos nombramientos, así como la influencia que puedan tener magistrados y funcionarios de alta jerarquía en el procedimiento. Algunas de las preguntas buscaban obtener más información acerca de cómo se evalúa el desempeño de los operadores judiciales. Al cierre de este trabajo no se habían obtenido respuestas. Tampoco se concretaron los intentos para realizar una entrevista.

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About the author

Periodista panameño y parte del colectivo Concolón, Errol ha sido editor de la revista Portada y colaborado con medios locales e internacionales como la NBC, La Estrella, Soho y Mundo Social. Para la Revista Concolón investigó y escribió el especial "Patacón", publicado en alianza con Connectas. Por su trabajo periodístico Errol ha sido premiado en cinco ocasiones. Además, es poeta: en 1998 publicó el poemario "El vértigo azul", al que le seguiría "Las ínsulas del odio" (2002). En medio de esta doble crisis pandémica y económica del Covid-19 se reencontró con la escritura.

Errol Caballero
Errol Caballero
Periodista panameño y parte del colectivo Concolón, Errol ha sido editor de la revista Portada y colaborado con medios locales e internacionales como la NBC, La Estrella, Soho y Mundo Social. Para la Revista Concolón investigó y escribió el especial "Patacón", publicado en alianza con Connectas. Por su trabajo periodístico Errol ha sido premiado en cinco ocasiones. Además, es poeta: en 1998 publicó el poemario "El vértigo azul", al que le seguiría "Las ínsulas del odio" (2002). En medio de esta doble crisis pandémica y económica del Covid-19 se reencontró con la escritura.