El poder de las planillas

Los puestos en los estamentos públicos son moneda de cambio entre los políticos del patio. Pagan favores y definen el poder real de un político, que es proporcional a su capacidad para nombrar fichas en el Estado. ¿Por qué los diputados dependen de las planillas para sobrevivir en la Asamblea?

“Los actores políticos de Panamá no promueven a los funcionarios públicos en base a méritos y competencia. Usan las planillas como botín para pagar favores y promover el clientelismo”, denuncia el activista Carlos Lee, presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Los especialistas señalan que la administración de los puestos en el sector público es la moneda de cambio principal que alimenta la matriz clientelar.

La lucha por las designaciones de esos puestos es la que define, en gran medida, la capacidad electoral de los candidatos. Los diputados han ido logrando cada vez más espacio en ese sentido: ampliando el presupuesto para contrataciones en la Asamblea y también logrando influencia en otras dependencias del estado.

Empecemos por casa

En 2021, el 81 por ciento del presupuesto de la Asamblea Nacional se utilizó para el pago de salarios y gastos operativos de los diputados y su personal. Es decir, cuando la Asamblea pelea por aumentar su presupuesto está peleando por los beneficios personales de sus integrantes.

Para el año 2023, el presupuesto será de 150 millones de dólares, lo que significa que los diputados y su gente se quedarán con alrededor de 122 millones en concepto de sueldos, dietas y otros gastos relacionados. Y podrían ser más, porque habían pedido 206.8 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas les recortó 56.8, que luego trataron de recuperar mediante una resolución, la número 67, del 13 de octubre pasado.

Cada diputado, además de su salario, gastos de representación, viáticos y demás, tiene a su disposición 20 mil dólares mensuales para contratar a su personal permanente: secretarias, administrativos, choferes. Muchos de ellos emplanillan también lo que llaman “asistente comunitario”, que no es más que alguien que trabaja en el territorio en nombre del diputado asistiendo a sus partidarios. Estas contrataciones están registradas en el sitio de la Asamblea.

El problema llega cuando se quiere escrutar los contratos temporales.

Ni siquiera se puede decir cuánto dinero tienen los diputados para utilizar en contrataciones directas. Son millones y millones que se utilizan de forma discrecional sin ningún control y sin estándares de idoneidad para las contrataciones. Tampoco hay evaluaciones sobre los servicios prestados. Para justificar los pagos, basta con que el diputado presente una hojita de word diciendo que está contento con el trabajo.

Estos contratos deben ser analizados en dos líneas: por un lado, les permiten a los diputados favorecer a su gente y ubicarla en el Estado y, por el otro, son un instrumento de recaudación, ya que se ha probado que en muchos casos los contratados deben devolver parte del dinero a los honorables para poder seguir en el cargo.

Se ha hablado bastante de la partida 172 –conocida como cashback, en inglés, dinero que regresa– que la Asamblea, no importa qué gobierno esté en Las Garzas o quién conduzca el órgano legislativo, se niega a transparentar.

En 2019 una auditoría de Contraloría pudo definir que al menos se habían gastado sin control más de 150 millones. ¿Qué hacen con esos millones? ¿Quién decide cómo se usan? Preguntas que nadie responde.

Varios pedidos de información han sido presentados en el órgano legislativo sin que los diputados, aunque los obligue la ley, se dispongan a compartir información que debería ser pública. Es una de las cajas negras de la política criolla. Encontrar una cifra anual es tarea imposible. Aparecen sueltas, por aquí y por allá.

La Prensa reportó más de 17 mil contratos por servicios profesionales fraudulentos por una suma cercana a los 70 millones entre julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.

La periodista Mary Triny Zea explicó el modus operandi con claridad: “Esta planilla ha sido motivo de escándalos por fraudes narrados por los propios beneficiados de los contratos, quienes han contado cómo debían devolver a funcionarios de la Asamblea Nacional más del 90% del valor de los contratos que les fueron otorgados. Por ejemplo, miles de dólares fueron pagados a varios mozos de corral del hipódromo Presidente Remón entre 2011 y 2012. La Asamblea les pagaba en calidad de “consultores”, aunque no efectuaron trabajo alguno. A cambio de un 10% del valor del contrato, devolvían al diputado el restante 90%. Tras la publicación de esta información, un mozo de corral fue golpeado, amordazado y amenazado”.

Dinero público que drena, por aquí y por allá, año tras año, para garantizar el flujo de caja del clientelismo. Se ha demostrado cómo varios diputados han emplanillado a empleados de empresas que nada tienen que ver con la función pública, como los trabajadores del gimnasio privado de Jairo Bolota Salazar, en Colón, o la maquilladora del programa de televisión de Zulay Rodríguez.
Son empresas privadas de los diputados que se financian con fondos públicos. No ha habido consecuencias por esos actos de clara corrupción. El problema es que deberían ser juzgados por sus compañeros, pero en la Asamblea reina un pacto de impunidad. Entre bomberos no se pisan la manguera.

Solo así, observando las decisiones de la Asamblea con esta perspectiva recaudatoria, es que se pueden entender sus movimientos.

Como la decisión del pleno de no avanzar con el proyecto de ley 531, que propone inhabilitar de manera “permanente” para contratar con el Estado a las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas por corrupción o que hayan pactado acuerdos de colaboración o pena. Aunque debía entrar en segundo debate hace más de un año, aún permanece en el fondo del cajón. Y sin perspectivas de volver al pleno. Contra toda lógica, contra la voluntad popular y las promesas de transparencia.

“Son las empresas que mejores coimas pagan. Ahora que les toca cobrarlas a ellos, ¿cómo las van a quitar del juego?”, analiza con crudeza una fuente que prefiere no ser citada. “Esas mismas empresas que en gobiernos anteriores eran malas porque aceptaron pagar coimas, hoy están contratando muchísimo con este gobierno”, dice el diputado independiente Juan Diego Vásquez. “Muchas son donantes comprobados de diputados. Cuando decidieron permitir a corruptos entrar al Estado, ¿lo hicieron pensando en ellos o en el país?”, pone el dedo en la llaga Vásquez.

A la conquista del Estado

Poco a poco, y de forma silenciosa, los diputados han logrado avanzar sobre otras áreas de la administración en las que tiempo atrás no tenían ninguna influencia. Espacios que gente ligada a ellos ocupan en otras dependencias del Estado y que son resultado de las negociaciones entre los distintos órganos para la aprobación de leyes. Se pagan favores con planillas.

Los acuerdos se dan en la sombra. Y a veces trascienden. Como en abril pasado, cuando fueron las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el diputado Néstor “Tin” Guardia denunció compra de votos con empleos en el sector público. La Prensa reportó lo siguiente: “En medio de la lucha interna por el control del PRD, varios diputados oficialistas, entre ellos, Raúl Pineda, Benicio Robinson y Jairo Bolota Salazar, han hecho referencia a nombramientos en el sector oficial, entrega de becas y otras dádivas para ganar votos”.

O semanas atrás, cuando el diputado por Guna Yala, Arquesio Arias, aprovechó que había gente del Ejecutivo reunida en la Asamblea en la comisión de presupuesto y sin saber que estaban las cámaras encendidas, preguntó: “¿Qué pasa con los puestos que me prometieron para mi gente?”.

Diputados más poderosos que Arias directamente se apropian de las estructuras del Estado. Por ejemplo, Benicio Robinson tiene a su hijo como director Legal de la Caja de Seguro Social. No solo gana 4 mil dólares al mes, sino que participa de las designaciones de personal. O Raúl Pineda que tiene su ficha, José Ruiloba Pineda, como jefe del departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Vivienda. O el también perredista Crispiano Adames, con influencias en la planilla de la Autoridad de Aseo.

Las malas lenguas señalan que la influencia de Adames llega hasta la Contraloría, que no controla. Incluso se señala un supuesto pacto entre los diputados y el Contralor: a cambio de cerrar los ojos, los diputados le darían apoyo territorial pensando en las aspiraciones de Gerardo Solís de cara a las próximas elecciones.

El juego al que los contralores se han rendido año tras año es el siguiente: denuncian lo que se hizo en el período anterior –cuando casi nada puede hacerse ni recuperarse–, pero cierran los ojos ante lo que sucede en el suyo.

Cuando se piensa en un diputado, se debe pensar no ya en una persona elegida para legislar, sino en una red de gente con influencias en distintas dependencias públicas. Como un pac man. Termitas que avanzan y avanzan sobre los recursos públicos que trascienden el palacio Justo Arosemena. El interés no es el bien común, sino mantener los privilegios y preservar con dinero público y clientelismo el origen de este poder: la permanencia en su curul.

Corregimientos secuestrados

El otro método de recaudación tiene que ver con la ampliación de la cantidad de corregimientos y la captación de los fondos producto de la descentralización de la administración pública.

Los corregimientos nacieron durante el régimen torrijista. El golpe militar cerró la Asamblea y en su lugar creó 505 divisiones políticas para administrar mejor el territorio. Esos representantes se reunían anualmente simulando la existencia de una labor legislativa. Recién en 1984 la Asamblea volvió a funcionar, luego del acuerdo entre Gobierno y oposición que permitió unas elecciones que, aunque fueron la puerta de entrada al noriegato, recuperaron cierta vida legislativa.

Los representantes de corregimiento funcionan como la mano de obra de los diputados en el terreno. Son, en la mayoría de los casos, los que conducen las prácticas clientelares con los recursos que proveen los diputados. Cuantas más divisiones se logren hacer, más partidas se conseguirán del presupuesto nacional.

Así se entiende por qué de esos 505 corregimientos iniciales, hoy Panamá está llegando a los 700 y los diputados luchan cada día para crear nuevos en sus territorios. Hay casos de corregimientos que tienen menos de 1000 habitantes. ¿Por qué esta inclinación? Simple: cada corregimiento abre las puertas de nuevos puestos y de nuevos recursos.
O sea: abre la posibilidad de mayor clientelismo, porque le permite al diputado multiplicar puestos y partidas, contentar a su gente y aumentar sus opciones de reelección. Como hacía Jesús con los peces. Son buenos cristianos.

El caso paradigmático de este fenómeno es Benicio Robinson, diputado por Bocas del Toro y presidente del PRD, que llegó a la Asamblea justamente en 1984 y que aún se mantiene allí.

En 2015 Robinson logró crear el distrito de Almirante, que a su vez se dividió en nuevos corregimientos. En 2020 logró que el pleno de la Asamblea aprobara la creación de 11 nuevos corregimientos. Y recientemente, en 2022, nuevamente, se creó el distrito de Bastimentos y tres corregimientos más. Almirante fue declarado como sitio especial de interés turístico. Robinson aparece en las fotos con una sonrisa de oreja a oreja.

La ley 39 del 2009, que plantea la descentralización de la administración pública y que se vendió como una oportunidad para el fortalecimiento de los gobiernos locales, termina en muchos casos permitiendo un manejo discrecional de esos fondos que favorecen el clientelismo. Muchas veces por decisión de los diputados que cogobiernan sus circuitos. No es que la descentralización sea mala, es quién la administra.

*Este reportaje forma parte del especial donde Guido Bilbao analiza cómo los diputados secuestraron la democracia y redujeron la política al '¿Qué hay pa’ mí?'. Puedes leer la primera entrega aquí y la tercera aquí.

About the author

Guido Bilbao

Fue periodista de La Prensa, La Estrella y el País de España. Sus crónicas fueron compiladas en Argentina, España y Alemania. Fue director de los documentales ‘Es Hora de Enamorarse’ y ‘La Fábula’. Ganó cinco premios Nacionales del Forum de Periodistas. Tiene dos hijas panameñas.  Actualmente es becario del Pulitzer Center y dirige documentales para la cadena Al Jazeera.