Crónica urgente de un julio histórico

Por más de cuatro semanas, las calles y rutas del país estuvieron cortadas desde Darién hasta Chiriquí. El alcance territorial y el origen popular, vuelven a las protestas inéditas en un país donde las manifestaciones en democracia han sido localizadas y fragmentadas. ¿Será Panamá capaz de avanzar hacia el futuro?

Las calles de Panamá, uno de los pocos países en la región centroamericana con un largo historial de crecimiento económico desparejo, convulsionan desde hace casi un mes. Al calor de las hogueras, en las calles trancadas, se cruzan varios reclamos provenientes de diferentes organizaciones sociales que ponen en jaque el discurso habitual de tocar dos o tres cosas para que todo siga igual.

“En los hospitales no hay medicamentos, la gente se está muriendo”, dijo María, su cabello lacio y entrecano asomándose por debajo de la gorra, desde Veraguas. Es una de cientos de personas que salieron de sus casas hacia la Interamericana para solidarizarse con los docentes, indígenas y otros gremios que protestaban a pesar de la represión de la policía, que el 19 de julio intentó reabrir la carretera a la fuerza.

En otro extremo, parada en medio de una muchedumbre que avanzaba por la vía España de la capital, una educadora bramó contra el gobierno el jueves 14 de julio: “Ellos viviendo con nuestra plata y al pueblo lo quieren poner a comer codito, tuna, mortadela. ¡Nos sentimos burlados!”.

Marta, educadora oriunda de Panamá Este, también salió pero en Pacora y por el alza en el precio del combustible. “Es insostenible. Hay personas que trabajan en la ciudad solo para comprarlo”, planteó en la ruta bajo un sol de plomo, con unos camiones de volquete detrás. En este punto también actuó la fuerza policía el 25 de julio: dispararon perdigones y rociaron con gas pimienta para despejar la vía.

Un grupo de manifestantes participan en una protesta contra los precios del combustible en Santiago. Fotografía de Efe para Divergentes

Es una situación que se ha repetido en las principales ciudades del país, desde la frontera con Costa Rica hasta la capital, y que ha producido desabastecimiento en algunos productos en ciudad de Panamá y en Chiriquí.

Educadores, obreros de la construcción, movimientos indígenas y campesinos, trabajadores, médicos y estudiantes cantaron, bailaron y bramaron por vivir en rincones susceptibles a inundaciones, donde el agua es cortada a diario y el transporte tiene problemas de frecuencia; donde los salarios se esfuman entre alimentos y medicinas, los sistemas de salud pública enferman más de lo que sanan y donde gran parte de la población trabaja y cobra cuando puede, sin saber lo que traerá mañana.

Las protestas, a causa de la crisis mundial del combustible y agravada por la inflación más alta en el país en 14 años, forzaron al gobierno a sentarse en una nueva mesa de diálogo que ahora incluye a los grupos que lideran la movilización nacional: Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) y Alianza Pueblo Unido por la Vida, que aglutinan a gremios docentes y obreros, asociaciones de indígenas y campesinos, entre otros grupos. Desde el jueves pasado se discuten ocho puntos, que incluyen el costo de la canasta básica, del combustible, rebaja y abastecimiento de medicinas en el sistema de salud pública, el 6 por ciento del Producto Interno Bruto para la educación, que se aborde la crisis de la Caja del Seguro Social, encarar la corrupción y establecer una mesa de seguimientos a estos temas.

El Gobierno de Laurentino Cortizo enfrenta el desafío de aliviar las tensiones dejadas por la pandemia, la crisis económica y la desigualdad de vieja data. Debe hacerlo con el poco margen de maniobra que le queda, desprestigiado tras la gestión del Covid-19 y las denuncias por corrupción, en un entorno social inflamado por las carencias.

Una tormenta anunciada

El primer estallido se dio en mayo. En la provincia de Colón, grupos sociales —docentes, transportistas, funcionarios públicos— agrupados en la Coalición Unidad por Colón (Cuco) sostuvieron enfrentamientos con fuerzas de la policía. Se trata de un enclave con un historial de gestas presentes en los tres últimos gobiernos, con represiones que aún se recuerdan en la ciudad, como una brutal en 2012 bajo el mandato de Ricardo Martinelli.

Miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares de Panamá (SUNTRACS) en una protesta. Fotografía de Efe para Divergentes.

Un mes después, en junio, transportistas encargados de suplir a los mercados de la capital con productos procedentes de Chiriquí hicieron sentir su músculo con una huelga. La escasez de verduras se evidenció en las unidades de almacenamiento de Merca Panamá, en la capital, adonde todas las semanas llegaban los productos de las tierras altas chiricanas.

Aunque colonenses y chiricanos solicitaban prácticamente lo mismo (congelar los precios del combustible, en escalada desde la invasión rusa a Ucrania, y de la canasta básica), el gobierno negoció por separado con cada provincia, aprovechando la fragmentación de los grupos organizadores de las protestas. Hizo algunas concesiones y apagó los fuegos. Por poco tiempo.

“Una novedad de estas protestas fue la amplia adhesión territorial y la diversidad de grupos que protestaron”, dijo Guillermo Castro Herrera, académico y asesor de la Fundación Ciudad del Saber. Y agregó: “La simpatía de amplios sectores de capas medias, tan agobiadas por las deudas como exacerbados por el despilfarro de recursos públicos, el clientelismo político y el nepotismo imperante en múltiples entidades estatales, también salieron a apoyar”.

Para el politólogo Richard Morales, es el despertar de un pueblo que, dispuesto a valerse del aprendizaje de luchas pasadas, exige más del modelo transitista —que privilegia el modelo en la función del paso por el Canal, al área interoceánica, alrededor de la capital, y concentra beneficios en pocas manos—, no solo “migajas y soluciones pírricas”.

“Esto es producto de cinco crisis”, apuntó la politóloga Claire Nevache.

La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip) también se sumó a las protestas en Panamá. Fotografía de Efe para Divergentes.

Primero está la crisis de la desigualdad, la de un país donde el 10 por ciento más rico obtiene el 37,3 por ciento del ingreso nacional, casi 13 veces más que el 40 por ciento más pobre. Segundo, la crisis de representatividad y confianza, con “graves problemas de confianza en las instituciones”. En tercer lugar, Nevache ubica los problemas de negociación colectiva: “Panamá se ha caracterizado por multiplicar los diálogos, mesas y pactos para sentar las bases políticas y económicas del país. Estos mecanismos reflejaban una cultura política que valora el consenso, pero también instituciones democráticas muy débiles que no lograban canalizar estas conversaciones”. Un problema más: la honradez, con al menos 18 procesos por corrupción abiertos por el Ministerio Público y los dos últimos expresidentes enjuiciados por el caso Odebrecht.

En último lugar, Nevache apunta la crisis de los recursos públicos: además de la corrupción y de la evasión fiscal, la elusión fiscal y las políticas de exenciones de impuestos también han contribuido a disminuir las capacidades estatales para ejecutar políticas públicas.

Son las mismas causas por la que grupos estudiantiles se echaron a las calles en ciudad de Panamá durante las últimas semanas, sus cuerpos en riesgo por el uso excesivo de la fuerza. En una de esas marchas, un policía roció gas pimienta sobre una familia, con una niña de dos años, que estaba paseando en la Cinta Costera.

La Mesa y la ola

Al principio, con las rutas cortadas y los ánimos en efervescencia, el presidente Cortizo apeló a las soluciones de siempre. El martes 12 de julio propuso congelar el precio de la tuna, coditos y sardina, entre diez productos de la canasta básica. «Su discurso dio pereza», respondió la gente en las rutas.

Dos días después, invitó a las organizaciones y referentes de movimientos sociales a dialogar en un punto lejano de donde se manifestaban: Ciudad del Saber, núcleo de la antigua zona del Canal. «Lo que nace en Veraguas, muere en Veraguas», contestaron los docentes agremiados.

Finalmente, la sede fue Penonomé. El 21 de julio comenzó la discusión en la Mesa Única de Diálogo, con la participación de docentes, obreros, productores, transportistas y grupos indígenas, agrupados en Anadepo y la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Al 28 de julio, tras una semana de negociaciones, habían logrado avanzar en la discusión, con acuerdos y disensos, de tres de los ocho puntos: combustible, canasta básica y medicinas.

El primer día de discusión con representantes del gobierno, el jueves 21 de julio, la economista Maribel Gordon planteó una situación que ya había dicho en entrevistas: «Hay un uso inadecuado de los recursos pero además se permite la evasión en este país, y el excedente canalero está dirigido a eso: a reemplazar una renta sustituta de empresarios que evaden, es decir, que incumplen con sus deberes frente a una sociedad”.  Las intervenciones movieron una ola en la capital.

En el mes de julio las protestas alcanzaron una dimensión nacional, convocando a diferentes grupos que defienden causas diversas. Fotografía de Efe para Divergentes.

La empresa privada reaccionó en bloque, agitando el fantasma de Chávez y el comunismo. Los gremios salieron en conferencias concatenadas. La presidenta de la Asociación de Ejecutivos de Empresa, Elisa Suárez, amenazó el viernes 22 de julio: “No podemos permitir desde ningún punto de vista que este país de desarrollo, de crecimiento y de paz, nos lo cambien a un modelo que no es el nuestro». Pedían, además, que liberen las rutas y un lugar en la Mesa.

Mientras tanto, en Penonomé, una mujer indígena llamada Domitila Sandoya tuvo el gesto más rotundo de la década: tomó el micrófono para ofrecer arroz con tuna a los ministros. “Por el gesto de buena voluntad que el Gobierno tiene hacia el pueblo, también nosotros tenemos la buena voluntad de brindar a ustedes el almuerzo de lo que congelaron para nosotros”, dijo. La reacción fue insólita. Se levantaron y se fueron por considerarlo una falta de respeto.

El arroz con tuna se sumó a otro símbolo de este julio histórico: el whisky caro. El primero de julio se viralizó un video donde diputados de la bancada oficialista brindaban con un whisky de marca, celebrando el inicio de otro periodo de sesiones. El tercero es el tamborito.

El sábado 24 la noticia la dio la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, con el anuncio de la Gran Alianza Nacional por Panamá, integrada por cámaras del país, asociaciones chinas y de productores agropecuarios. El lunes 25 el reclamo del gremio salió de las redes y encarnó en una comitiva que se presentó en la sede del diálogo en la ciudad de Penonomé, demandando formar parte de una discusión de la que se sienten excluidos.

Desde la Mesa, conformada con el único fin de atender los reclamos de quienes protestaron, Domingo Montezuma dijo: “Estamos discutiendo temas que benefician al país, independientemente de la ideología”. Montezuma, representante de la etnia nägbe en el diálogo, dijo también a Concolón que los indígenas han levantado los cierres que se mantuvieron en Chiriquí y otros sectores por más de 20 días, como “un voto de confianza al diálogo” y en reconocimiento al avance logrado en temas como el del combustible.

El martes 26, Cortizo dio una muestra de preferencia: mostró en sus redes oficiales imágenes de una reunión en la presidencia con representantes de los principales gremios privados. Horas antes del tuit, había enviado un mensaje por cadena nacional para que la Mesa los acogiera. Algunas organizaciones de la sociedad civil los siguieron.

Fue el representante de la Iglesia, quien media las negociaciones, quien resolvió el tema: los sectores que quieran participar de la conversación, serán incluidos en una siguiente etapa, cuando haya concluido el tratamiento de los ocho puntos. “Que nadie se sienta excluido”, expresó el arzobispo José Domingo Ulloa.

La evidencia es que hay un modelo agotado y, como señaló Nevache en uno de los cinco puntos claves del momento, una crisis de representatividad. Lo incierto es por qué se cambia, si medidas concretas para aliviar o un nuevo horizonte, y si estamos listos para esta conversación.

Aunque esa sea la discusión que hay que dar, la Mesa Única de Diálogo no lo resolverá.

«Las mesa se originó para abordar tres problemas: el precio del combustible, de la canasta básica y de los medicamentos —dijo Castro—. La calidad de su desempeño, puede contribuir —o no— a una discusión ampliada de los graves problemas del país, con otro formato».

El tambor, otro protagonista de este julio histórico, seguirá su marcha de tonos festivos: murgas, bailes congos y danzas indígenas. A qué puerto llevará al país del Canal, es una incógnita. ¿Será una constituyente originaria, como en Chile? ¿Será un resultado electoral que sepulte tendencias anteriores, como en Colombia? La historia recién comienza. 

About the author

Errol Caballero

Periodista panameño y parte del colectivo Concolón, Errol ha sido editor de la revista Portada y colaborado con medios locales e internacionales como la NBC, La Estrella, Soho y Mundo Social. Para la Revista Concolón investigó y escribió el especial "Patacón", publicado en alianza con Connectas. Por su trabajo periodístico Errol ha sido premiado en cinco ocasiones. Además, es poeta: en 1998 publicó el poemario "El vértigo azul", al que le seguiría "Las ínsulas del odio" (2002). En medio de esta doble crisis pandémica y económica del Covid-19 se reencontró con la escritura.