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Las denuncias de científicas del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales ponen en evidencia la falta de consecuencias para abusadores en Panamá y permiten repensar la cultura que violenta a las mujeres. ¿Por qué si el acoso es un delito el cuestionamiento recae sobre quienes lo denuncian?

Ilustración: María Laura Prechi

En 1910 la socialista alemana Clara Zetkin propuso conmemorar un Día Internacional de la Mujer para visibilizar las luchas por los derechos laborales, la justicia social y la emancipación de todas las mujeres del mundo. Más de un siglo después, cada 8 de marzo es una cita global en la que las mujeres seguimos manifestándonos por las condiciones de trabajo y de vida: precariedad generalizada, desigualdad, trabajos de cuidado invisibilizados y naturalizados, las violencias una y otra vez sobre ciertos cuerpos.

Todos los días leemos noticias que evidencian esas violencias. El 9 de diciembre de 2021, por ejemplo, la revista digital Buzfeed News publicó una investigación exhaustiva en la que 16 científicas denunciaron acoso y abusos sexuales de parte de sus superiores hombres y colegas en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) en Panamá.

A Sarah Batterman, el director de laboratorio Benjamin Turner la violó en una Conferencia en San Francisco en 2011. Sara lo denunció ante el Smithsonian en 2020. No fue la única: siete mujeres más que trabajaron en el STRI denunciaron a Turner por acoso, una de ellas describió su patrón de abuso al director de STRI en 2018. Aunque el director de la institución sostiene que cuentan con un protocolo, no advirtió al comité internacional sobre estas denuncias y el Instituto lo premió como Investigador del Secretario del STRI en 2018. Premio en lugar de sanción.

La científica Maga Gei contó que Turner le “plantó uno de esos besos grandes, húmedos, pegajosos, demasiado cerca de la boca y la invitó a su habitación”. Fue la primera vez que lo vio, en una conferencia en 2011. Lo mismo hizo Edward Allen Herre dos años después en Barro Colorado, una isla protegida en la que científicos y científicas estudian los bosques tropicales. Turner, además, acostumbraba a recibir a las mujeres del equipo, que trabajaban bajo su supervisión, “mientras vestía sólo con una toalla”. Aunque le pedían que se vistiera, no lo hacía.

Entre 2008 y 2020 hubo al menos 16 denuncias a lo interno del STRI. Ninguna prosperó hasta 2020, cuando al fin la institución separó de su cargo a Turner. Otros, como Edward Allen Herre, continúan en la web del STRI como investigadores.

Desde aquel 1910 en que Clara Zetkin propuso conmemorar un Día Internacional de la Mujer, hubo muchas conquistas laborales para los colectivos de mujeres. Pero la realidad, en pleno 2022, sigue siendo violenta para las mujeres trabajadoras: si eres mujer, por más científica y profesional que seas, te pueden acosar, abusar y pisotear en tu trabajo sin que pase nada.

El STRI no es el único ámbito de Panamá donde las mujeres científicas sufren acosos y discriminación. Ni las científicas son las únicas que lo padecen.

La neurocientífica panameña Gabrielle Britton dice que durante los cinco años en que coordinó un programa de estudiantes estadounidenses en Panamá, a su oficina llegaron al menos 20 mujeres jóvenes, estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, contándole sobre abusos y acoso sexual de sus superiores hombres. Luego de escucharlas, Gabrielle les preguntaba si querían denunciar. Siempre respondían que no. “Es que no quiero buscar problemas”, decía una. “Él tiene mucho prestigio y nadie me va a creer”, sospechaba otra. “Realmente quiero terminar mi maestría” o “necesito realizar esta publicación”, unas más. Las consecuencias para las jóvenes científicas igual eran tremendas: dolor, represalias de sus mentores, el peso del poder del hombre rechazado sobre las carrera propia.

En los ámbitos laborales, el acoso es un secreto a voces y el acosador, un señalado: todos y todas saben quiénes son, qué hacen y cómo. Pero nunca pasa nada.

El sistema prefiere ignorar —dice la microbióloga Natalia Vega—. Las situaciones de acoso son conocidas, pero no se hablan de forma abierta en la comunidad científica o en las instituciones”. Entonces, científicos con carreras prolíficas que acosan a sus subordinadas, siguen acumulando premios, fondos para investigar y reconocimientos. Premios en lugar de sanción.

Pasa en todos los ámbitos laborales. Pasa mucho. Pasa siempre sin que pase nada.

En el año 2021, la Contraloría General de la Nación reportó un total de 6,652 denuncias de “delitos contra la libertad e integridad sexual”. Más de tres mil eran por violación. En una encuesta realizada a 400 trabajadoras del sector público y privado, el 36.5 por ciento de las mujeres trabajadoras manifestaron que habían sido víctimas de asedio sexual en el empleo. De ellas, la mitad dijo que el acoso sufrido había sido provocado por un par o colega (acoso horizontal) y el 25.5 por ciento que había provenido de una persona de mayor jerarquía (acoso vertical). De todas ellas, sólo el 19.4 por ciento había presentado una queja.

La exposición que sufren las víctimas cuando salen a la luz estos casos, la re-victimización y la falta de consecuencias para los acosadores, desincentivan las denuncias”, dice Natalia Vega. En lugar de fijar la mirada en las conductas inapropiadas o hasta delictivas de los hombres, se cuestiona “el tipo de vestimenta, el aspecto físico e incluso la personalidad de las mujeres que denuncian”.

Además, está el miedo a perder el trabajo en un universo dominado por hombres: aunque las mujeres son el 65 por ciento de personas graduadas, solamente el 35 por ciento son investigadoras. “Hay una dinámica de dominación masculina en las instituciones científicas y académicas”, dice la doctora en antropología Eugenia Rodríguez.

El acoso sexual en Panamá es un delito, pero en la práctica el cuestionamiento recae sobre quienes lo denuncian. Hay tres leyes en el país que sancionan el acoso sexual: el Código Penal, que penaliza con entre dos y cuatro años de cárcel para quien acose u hostigue en el trabajo; la ley 82 de 2013, que define claramente el delito y la ley 7 de 2018, que obliga a las empresas, instituciones y centros como el STRI a establecer una política interna que prevenga, evite, desaliente y sancione las conductas de hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo y sexismo.

Sin embargo, las denuncias, que ya son pocas, avanzan muy poco. Como en el STRI.

En los 16 casos denunciados en STRI ocurrieron todas las formas de acoso sexual que se definen en el Código Penal de Panamá y al menos dos presuntos casos de violación sexual, sin que hubiese consecuencias legales aquí.

Aunque muchos lo confundan, el acoso es acoso, y viene de acosar: no es dar un cumplido o cortejar a alguien, ni siquiera una invitación explícita entre colegas del mismo nivel. El acoso es, por ejemplo, tocar a una mujer sin que te haya hecho el guiño, e insistir cuando se incomodó porque la tocaste a pesar de que claramente no le gusta. O aprovechar tu lugar de jefe para llamar a tu subordinada a tu oficina e intentar besarla. Realizar cualquier conducta de carácter sexual, sin el consentimiento de la mujer. Si una mujer te dice que no, es que no quiere.

A Vega en la maestría que cursó en 2011 en la Universidad de South Florida, Tampa, le dieron una charla de inducción donde ponían ejemplos: “Si usted le pregunta a otro estudiante si quiere salir o darle su número y la respuesta es no, no insista. No insistir significa no enviarle mensajes de texto, no dejarle rosas, ni mensajes debajo de la puerta, ni seguirla”.

Aquí en muchos ámbitos científicos no hay políticas sobre acoso sexual, ni protocolos. En el caso de de las científicas que denunciaron estos actos en el STRI, como en tantos otros ámbitos, el acosador no comprendió el no y aparecieron las amenazas: más acoso. Perder el trabajo, la beca, la carta de recomendación o la co-autoría de una publicación También las recompensas: aumentos, de becas, facilidades o mayores accesos. El caso del STRI deja claridad, y abierta la posibilidad, sobre lo necesarias que son las políticas anto-acoso en ámbitos laborales.

¿Por qué aún hoy hay quienes no logran ver las diferencias entre acoso y galanteo? Por el proceso de socialización mediante el cual aprendemos e interiorizamos los valores, símbolos y normas para vivir en sociedad. Y los mensajes que ese proceso reproduce hasta el hartazgo: los hombres avanzan hasta donde las mujeres lo permiten; si no te vistieras así, eso no te hubiese ocurrido o ella lo inventó porque él no le correspondió las solicitudes.

El cambio cultural, de todas maneras, está en marcha. Hoy, 112 años después del llamado de Clara Zetkin, la lucha por la libertad, la sociedad necesita transitar de la cultura que produce guerras y la destrucción de la naturaleza, a una cultura de paz e igualdad basada en los derechos humanos. En la que el acoso sexual y todas las formas de discriminación y violencia sean erradicadas.

Un camino posible es la educación sexual integral para prevenir el acoso y la crianza de agresores, y la introducción de mecanismos institucionales con protocolos de actuación y salvaguardas. También la reglamentación de las leyes vigentes para que la violencia denunciada por las 16 científicas no siga ocurriendo a las demás, ni a las niñas de 8 años. Y, finalmente: que el acoso deje de ser premiado.

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About the author

Alibel creció jugando en las calles, caminando a la escuela y a la parroquia de la ciudad de Colón. Cuando EE.UU. bloqueó Panamá, ella asistía a un taller de Educación Popular donde descubrió los derechos civiles y políticos, y una vocación. Estudió Sociología en la Universidad de Panamá y desde 1995 trabaja en ONG´s y asesorías en el campo de los Derechos Humanos, con una mirada interseccional. Activista y feminista, participó en varias organizaciones locales y regionales. Desde hace diez años amalgama la causa con la perspectiva del bienestar personal y colectivo en sus talleres.

Alibel Pizarro
Alibel Pizarro
Alibel creció jugando en las calles, caminando a la escuela y a la parroquia de la ciudad de Colón. Cuando EE.UU. bloqueó Panamá, ella asistía a un taller de Educación Popular donde descubrió los derechos civiles y políticos, y una vocación. Estudió Sociología en la Universidad de Panamá y desde 1995 trabaja en ONG´s y asesorías en el campo de los Derechos Humanos, con una mirada interseccional. Activista y feminista, participó en varias organizaciones locales y regionales. Desde hace diez años amalgama la causa con la perspectiva del bienestar personal y colectivo en sus talleres.