Tres mitos sobre la Caja de Seguro Social

Aunque en 2005 era obvio, la gestión de Martín Torrijos avanzó con las reformas que llevaron a la Caja de Seguro Social a la bancarrota. Elpidio González analiza el papel de los gobiernos, la banca y los gremios empresariales que, a contramano de las propuestas de los trabajadores, escribieron la crónica de una muerte anunciada.

Pasó otra vez. Un funcionario de alto rango de la Caja de Seguro Social (CSS) reconoció en público el fracaso de las reformas introducidas al sistema de pensiones en Panamá en 2005 y, así, alimentó esa idea que para buena parte de la sociedad panameña es un mantra: el Estado no sabe gestionar.

Fue en mayo pasado y quien lo dijo fue el subdirector de la entidad, Francisco Bustamente: volver al sistema que teníamos antes de esas reformas permitiría que el pago de pensiones sea sostenible por unos 30 años. No fue la primera vez ni será la última en que unos dichos desencadenan la idea de crisis total. Tampoco es la única que ronda por estos días —y desde hace tiempo— en torno a la CSS. Todo empezó en 2005, cuando la gestión de Martín Torrijos introdujo los cambios que la quebraron.

El 28 de diciembre de 2005, con el apoyo de todos los gremios empresariales del país y pese a la resistencia de sindicatos y movimientos sociales, se introdujeron reformas en el régimen de pensiones con la creación del subsistema mixto: un nuevo modelo partió el sistema solidario único que existía entonces —de reparto— y sumó el mixto, que incorporó cuentas individuales. Desde entonces y por los últimos 15 años, la crisis. Ningún gobierno ha sido capaz de plantear el problema en sus condiciones reales. Tampoco han cuestionado la ley 51. Muchos lo habían anticipado en el momento de la discusión de esa ley: su diseño llevaría el sistema de pensiones a la bancarrota. Tenían razón.

En cinco años, la CSS podría quedarse sin fondos para pagar las pensiones. Ese problema nació con la ley 51. ¿Por qué? Es que después de que el régimen de pensiones fuese dividido en el sistema solidario y el nuevo subsistema mixto, los asegurados pertenecientes al sistema solidario se quedaron sin aportantes que sostengan sus pensiones. El sistema solidario se basa en la siguiente lógica: la generación pasada, hoy pensionada, aportó para las jubilaciones de una generación anterior a la suya y ahora debería cobrar su jubilación por las cuotas de la generación actual de asegurados. Pero la Ley 51 decretó que los nuevos asegurados aportan al subsistema mixto, así que los actuales pensionados se quedaron sin quien les aporte. Por lo tanto: no hay liquidez para pagar a los jubilados. Todo esto se sabía en 2005.

También lo supieron las administraciones de Ricardo Martinelli y de Juan Carlos Varela. ¿Qué hicieron? Nada, más allá de promover algún que otro diálogo, generar nuevos titulares con tono del fin del mundo y propiciar la falta de información financiera confiable.

¿Por qué si era tan obvio que el sistema solidario se desfinanciaría con el nuevo esquema, siguieron adelante con él? Simple: el subsistema mixto abrió la puerta al sector privado, fundamentalmente a la banca. Entre 2010 y 2019, más de 779 millones de dólares aportados por los ciudadanos han ido a parar a manos de bancos privados en concepto de depósitos a plazo fijo, algo que otorga liquidez a los bancos pero genera una rentabilidad baja con respecto a otras opciones de inversión. Ahora, la nueva coyuntura anunciada está siendo aprovechada por los gremios empresariales para impulsar una agenda sobre seguridad social similar a la de Chile o Perú, donde las pensiones son de pobreza y los fondos privados invierten en empresas denunciadas por violaciones a los derechos humanos, según publicó recientemente el especial transnacional A dónde va mi pensión, del que Concolón es aliado.

La historia de la crisis de la CSS puede leerse completa en este enlace.

Algunos de los representantes que en 2005 diseñaron los cambios, ahora proponen medidas como subir la edad de la jubilación, aumentar la cantidad de cuotas mínimas para poder jubilarse y el aporte mensual que realizan los trabajadores. Otros minimizan y hasta niegan el grave problema de la evasión y la morosidad de la cuota obrero-patronal por parte de las empresas, que en 2019 ascendía a 295 millones de dólares y que involucra a más de 30 mil empleadores.

Esa idea que para buena parte de la sociedad panameña es un mantra —el Estado no sabe gestionar—, avivó una agenda plagada de mitos. Entre los tres más relevantes, está el que sostiene que los sistemas de cuentas individuales, como el de Chile, son la solución a nuestros problemas. El segundo: el sistema solidario no es sostenible. Finalmente, los discursos que indican que la discusión del régimen de pensiones es puramente técnica. Vamos por parte.

Primero, varios economistas y voceros del sector empresarial presentan los sistemas de cuentas individuales como el paso necesario para la sostenibilidad de las pensiones. Como el Estado no sabe gestionar, mejor que entren los privados. Ahora, ¿los países que lo han adoptado son sostenibles? Solo aquellos que cuentan con redes de protección social sólidas y con una clase trabajadora organizada. En Dinamarca, por ejemplo, que es uno de los países de la OCDE con mayor gasto público en pensiones, uno de los salarios más altos de la región y con una red de seguridad social robusta. A contramano está Chile, donde el sector financiero se ha enriquecido y las jubilaciones son de miseria.

Con las cuentas individuales, el asegurado enfrenta por sí solo todas las inclemencias de los mercados financieros: no tiene el dinero que deposita, sino un montón de números de lotería que alguien más compró por él. El monto de su pensión, por tanto, dependerá del valor de mercado de estas inversiones al momento de tramitar su jubilación. En la coyuntura actual, el asegurado se vería empobrecido.

Segundo mito: el sistema solidario no es sostenible. En Panamá hasta hubo quienes llegaron a catalogar el sistema solidario como un esquema ponzi, es decir: una estafa. Esto es mito por dos cuestiones: las instituciones financieras como la CSS no funcionan así en el país y los aportes que realiza un asalariado al sistema solidario por un lado, financian las operaciones del sistema y, por otro, representan una deuda que el cotizante hará efectiva en el momento de su jubilación. Cada persona financia parte de su jubilación y el resto es cubierto tanto por aportes del Estado como por la redistribución del ingreso, como es el caso en el sistema solidario vigente. Por eso es solidario: puede ser una herramienta útil en la reducción de la desigualdad económica y claramente no tiene nada que ver con una entidad Ponzi. ¿Se puede imaginar a Francia y Reino Unido implementando una estafa? Ellos tienen un sistema similar al solidario.

Tercer mito: la discusión sobre el régimen de pensiones es puramente técnica y, sobre todo, financiera. Curiosa idea que, por creerse, logra dejar el debate del modelo de pensiones en un clan de economistas y financistas, con los propios trabajadores y pensionados por fuera. La discusión, en rigor, no es técnica: es política. ¿Queremos un modelo económico más incluyente? ¿Una clase trabajadora más protegida? ¿Un estado que asuma su responsabilidad como garante de una vida digna? Esas son las preguntas y puede responderlas la política.

Hoy el gobierno debe contribuir periódicamente para el sostenimiento de las pensiones en nuestro país, como argumentó el profesor William Hughes en 2005. También es responsable del pago de todas las pensiones que actualmente están en peligro producto del fracaso de la reforma de 2005: no se puede retornar al sistema solidario cargando el costo de la actual crisis a los asegurados.

El sector empresarial, por su parte, debe reconocer el papel que tiene el modelo económico del país en la crisis de las pensiones. Y la CSS debe ser transparente y hacer pública información de calidad, como señaló la profesora Maribel Gordón, para que los organismos responsables de elaborarla asuman sus errores y los corrijan, en vez de extralimitarse en sus funciones.

Los mitos avivados a punta de titulares de última hora, de todas maneras, funcionan para una parte interesada: el diálogo para reformar la CSS está circunscripto a un puñado, sin la mayor parte de las organizaciones de trabajadores. ¿Será que el gobierno y los gremios empresariales siguen en la línea de 2005? ¿Apostando a la misma exclusión que ha construido el país que conocemos?

About the author

Elpidio González

Licenciado en Economía por la Universidad de Panamá, a Elpidio le fascina la economía del desarrollo y la economía ecológica. También, claro, la naturaleza: de niño se soñó biólogo y ahora, cuando la maestría en Economía Agraria que cursa le deja chance, toma fotografías de animales. Cuando deja la cámara, agarra la pluma para escribir análisis, papers o cuentos. Ganó el Premio José María Sánchez 2017 por la colección 'Breve manual de urbanidad y etiqueta'. Desde Buenos Aires, la ciudad argentina donde estudia, afinó el lente y analizó para Concolón la crisis de la Caja de Seguro Social.