Pegar, gasear y matar: el virus de la represión

Durante la pandemia, la policía violó a una mujer, asesinó a un hombre con un Taser y golpeó a periodistas en manifestaciones. La última protesta del 2020, de jóvenes, la frenaron con gas pimienta, puñetazos y detenciones arbitrarias. Hubo 26 denuncias de abuso policial solo el último trimestre del 2020, pero ninguna de ellas prospera. ¿Podrá Panamá superar la cultura autoritaria?

La última vez que la policía reprimió una protesta fue el 16 de diciembre de 2020.

Era miércoles y colectivos de agrupaciones jóvenes, universitarias y activistas habían llamado a reclamar en las afueras de la Asamblea Nacional por la mala gestión política de la pandemia. Cinco días antes, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo había anunciado que los menores de 25 años económicamente dependientes quedarían sin el bono solidario de 100 dólares mensuales. El decreto dejaba a más de 50 mil jóvenes sin asistencia. Así que a las 4 p.m. comenzaron a llegar los grupos, con banderas de movimientos estudiantiles, obreros y feministas, para pelear por lo poco y lo único que les ofrecía una de las naciones más ricas de América Latina.

Frente a la plaza Gandhi, en la avenida Central, las arengas marcaban el pulso de un centenar de jóvenes hastiados. “Sin lucha no hay victoria”, coreaban. Los carteles y pancartas, también: “No más robadera”, decía uno; “Policía traidora”, otro. Los jóvenes eran muchos pero los policías eran el doble: 256 y el palacio legislativo franqueado por vallas de acero. Cuando los manifestantes se acercaron a ellas, una cayó al piso. Los guardias que los grababan guardaron sus celulares y les tiraron una ráfaga de pepperballs, las bolas de pimienta que te dejan sin ver ni respirar. Había empezado una persecución que terminaría con la policía acorralando a los jóvenes que buscaron refugio saliendo hacia la cinta costera, disparos, heridos, gas pimienta, 27 presos, incomunicados y sin posibilidad de ver a sus abogados.

Sobre la avenida Balboa y frente al horror de quienes caminaban por el área, la policía acorraló a los manifestantes y un teniente gritó con el espíritu de un militar que supera en número a su enemigo: “Tírense todos al suelo”. Los ataron de manos. A la dirigente estudiantil Ileana Corea, la agarraron entre dos policías cuando intentó grabar con su celular y así, completamente maniatada, una policía le dio cinco golpes de puño en su cara. Una vez, Ileana no reaccionó. Otra, Ileana movió la cabeza, entre desorientada y aturdida. El tercero, Ileana trató de esquivar. Cuarto, y ninguno de los oficiales hacía nada. El mayor Hidalgo la agarraba fuerte de los brazos y le decía al oído: “Te voy a procesar por golpear a una policía”, mientras la subteniente le pegaba una y otra vez en la cara. Ileana seguía moviéndose, intentando zafar, y recién entonces otros dos efectivos interrumpieron la golpiza para tirarla al suelo.

La policía también se las agarró con periodistas. Al fotorreportero Bienvenido Velasco, de la agencia internacional de noticias EFE, lo golpearon en la cara y en el tórax. A Mauricio Valenzuela, de Foco Panamá, lo empujaron con escudos hasta apartarlo mientras hacía un vivo y documentaba las golpizas.

Las calles quedaron vacías antes del anochecer, pero la violencia institucional no terminó ahí. Tampoco empezó ese día: está entre nosotros desde hace tiempo, pero cuando el virus llegó a Panamá adquirió una potencia de furia.

En el 2020, el Gobierno respondió con gas, palo o brutalidad a las personas que canalizaron sus reclamos con manifestaciones en al menos 15 oportunidades. La primera noticia de una protesta reprimida fue el miércoles 22 de abril, cuando en un barrio de La Chorrera cerraron la carretera Panamericana porque luego de dos meses de encierro, no había qué comer: el bono de 80 dólares por mes no alcanzaba —sólo para la canasta básica en Panamá, se necesitan 307 dólares—. “Si nos quedamos en casa y no hay trabajo, ¿cómo nos vamos a alimentar?”, preguntaba una manifestante. La respuesta llegó con cerca de cincuenta uniformados que amarraron, detuvieron y presentaron cargos por delitos contra la libertad de circulación y la salud pública a 48 personas que protestaban. A algunos incluso se les formuló cargos por delitos contra el patrimonio económico por invadir el proyecto del corredor de Las Playas. El día anterior, ocurrió algo idéntico con otras ocho personas que protestaban. La escena se repitió en varios puntos del país.

El 29 de abril en la misma carretera la policía cogió a residentes de un sector de Arraiján, que también pedían la entrega del bono solidario y bolsas de comida. La policía reprimió y se llevó a 55 personas. Al día siguiente, en otra comunidad de Arraiján, lo mismo: palo para quienes reclamaban al gobierno alimentos y atención médica. Solo hasta el 6 de mayo, el Ministerio de Seguridad (Minseg) registró 57 manifestaciones en todo el país.

En julio, la policía llegó a meterse en las casas de los vecinos de La Chorrera y apresó a quienes habían protestado en la carretera Arraiján-La Chorrera. En Colón diez policías motorizados atosigaron a un hombre que vendía pescado en la vía pública. El 29 de octubre detuvieron al periodista Juan Cajar, de La Estrella, mientras cubría una protesta de estudiantes exigiendo más fondos para educación y salud. Aún identificado con su credencial y en ejercicio de su profesión, lo rociaron con gas pimienta, lo tumbaron al piso y lo llevaron a un juzgado acusado de “alterar el orden público”. Al día siguiente, el entonces director de la policía, Jorge Miranda, fue a la redacción del periódico para justificar la respuesta policial y pedir disculpas. Juan fue rotundo: “Usted tiene que admitir que hay un problema institucional”.

Momento en que se llevan a manifestantes del 16 de diciembre de 2020. | Foto: Juan Williams

La lista sigue y excede el terreno de las protestas. El 30 de abril la policía mató a un hombre llamado Carlos Bermúdez con dos disparos eléctricos de Taser, en un sector de San Miguelito. Cuatro meses después, el 29 de agosto, en un “punto de control” improvisado en Betania, dos policías detuvieron a una mujer de 38 años, la obligaron a sentarse en el asiento de atrás del auto y la violaron. Durante la pandemia, tener o denunciar hambre, y a veces nada más circular, para la policía se convirtió en delito.

Alguien podría decir que son casos aislados, pero no lo son. Para muchos fue un hecho sorprendente despertar la mañana del 28 de marzo con el patrullaje de los Jeep J8 Artillados BPV del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), con sus uniformes camuflados y portando sus fusiles M16 y subfusiles CZ Scorpion. Todo parecía una demostración de poderío en la “nueva normalidad”. Dentro de los límites de la ciudad, era una novedad. En los bordes, una escena cotidiana: cualquier día a cualquier hora la policía puede caer y arrasar con barrios de los márgenes. “Rocían con gas pimienta para entrar sin consentimiento a las casas y dañan a cualquiera. Su ley es destruir”, dijo YL, una vecina de Curundú.

Así ha sido en los últimos cinco años: 6,430 policías fueron investigados y la Dirección de Responsabilidad Profesional de la Policía (DRP) abrió 4,961 expedientes. 178 policías fueron destituidos. En el año de la pandemia, solo hasta el 2020 se abrieron 921 investigaciones en contra de uniformados. Sólo en el último trimestre del 2020 hubo 26 denuncias por abuso policial ante la Defensoría del Pueblo: 5 veces más que las efectuadas en el mismo periodo durante el año anterior.

¿Pasó algo con esas denuncias? El subcomisionado Raúl A. Julio, de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía, dijo a Concolón que es “información reservada”: “Respetando el debido proceso al que tenemos derecho todos los ciudadanos, la información es reservada por la Dirección de Responsabilidad Profesional de la Policía (DRP) y los entes investigativos pertinentes”. De inmediato, defendió: “La Policía Nacional permanentemente capacita a sus miembros en el respeto y aplicación de derechos humanos”.

En los casos durante la pandemia, se repiten los mismos esquemas: hay un reclamo por una situación desatendida, una respuesta que echa leña al fuego —más abuso, más violaciones a los derechos— y ninguna consecuencia pública para los implicados. No se sabe si hubo sanción a los policías que se alejan del reglamento, cómo prosperan o si continúan patrullando la ciudad. ¿Cómo se administra justicia en el caso de la institución policial? La Dirección de Comunicaciones de la Policía no respondió. La institución es impenetrable y, muchas veces, impune: en 2005 se determinó que la Junta Disciplinaria de la DRP estaría conformada por policías. O sea: los casos los juzgan colegas con la misma formación que los denunciados. Frente a la falta de detalle de procesos y tipos —faltas, sanciones—, son los jefes quienes deciden si juzgar a sus propios compañeros y cómo.

Tres policías se llevan a una joven que protestaba. | Foto: Juan Williams

Detrás de esos escudos, chalecos y pasamontañas hay oficiales que no siempre están de acuerdo con las órdenes que les son instruidas. “Yo no creo que dure mucho en esto. Yo quiero estar con mis hijos”, dijo una oficial ALFA, maestra y madre de dos, a un grupo de jóvenes detenidos el 16 de diciembre. “Uuuufff… ¡bastante!”, dijo otro de la misma división cuando le preguntaron si alguna vez se sentía mal por hacer lo que hace. Pero el mandato es obedecer.

Algo que los policías rasos aprenden pronto es que es mejor no decir ni crear opiniones: un mal comentario puede convertirse en un castigo. Esos castigos pueden ya no ser ochocientas lagartijas, como en las academias militares, pero son más dolorosos: un traslado de Herrera a Chepo en condiciones peores enseña mucho sobre guardar silencios y seguir órdenes. Sin líneas anónimas para denunciar abuso interno, sin programas institucionales de salud mental ni instituciones que protejan al objetor de conciencia, no queda mucha más alternativa que la obediencia.

En el caso de la protesta del miércoles 16 de diciembre de 2020, como todas las que llegan a la Asamblea Nacional, las decisiones y la coordinación de la seguridad está a cargo de los propios legisladores. Existe un protocolo de seguridad “para contrarrestar personas en actitud hostil en los predios” que indica el procedimiento. Primero, el director de seguridad parlamentaria coordina con el de la Policía el apoyo de la Unidad de Control de Multitudes. Luego, el personal de seguridad activa todos los puestos sensitivos para proteger a los funcionarios. Después, el personal de videovigilancia revisará el sistema de circuito cerrado y grabará en videos a los manifestantes, procurando que las imágenes permitan la identificación de las personas por si hay alguna investigación.

¿Qué pasa en Panamá para que la respuesta siempre a mano sea la fuerza policial? ¿Por qué el Gobierno no articula respuestas en el marco de Derecho, mecanismos de diálogo y resolución de conflictos que reparen y resuelvan? ¿Es que no logramos asumir el reto de construir una institucionalidad acorde a nuestros tiempos y adecuada para el futuro?

En 1989, luego de 21 años de dictadura y tras la invasión del 20 de diciembre de Estados Unidos (EEUU) a Panamá, el gobierno de Guillermo Endara dio de baja a las Fuerzas de Defensa, el ejército que comandaba Manuel Antonio Noriega. En octubre de 1994, con la vuelta al gobierno del PRD, la Asamblea Nacional aprobó la reforma Constitucional que abolió formalmente el ejército. Eran tiempos de entusiasmo con el fortalecimiento de una democracia que incluiría una policía subordinada al poder civil. Desde entonces, Panamá es un país sin ejército pero con un mando de oficiales de la policía egresado de academias militares, con unidades fronterizas con armamento y entrenamiento militar. La policía ha tenido 17 directores: 9 civiles, 8 militares.

Una fila de policías resguarda los predios del Legislativo. | Foto: Juan Williams

“La raíz del autoritarismo “está en que todos los organismos de la fuerza pública están dirigidos por exmilitares”, dijo Carlos Guevara Mann, doctor en Gobierno y Estudios Internacionales, a Con las manos en la data. Esto quiere decir que “tienen normas y procedimientos de carácter castrense, usan símbolos, jerarquías y prácticas militares”. Y, fundamentalmente, “funcionan de manera totalmente autónoma, sin ninguna fiscalización por ninguna de las ramas del Estado”. Por eso, dice Guevara Mann, actúan como quieren, “sin atenerse a la ley y sin respeto por los derechos humanos”.

En 1998, durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, hubo represión contra grupos universitarios tanto fuera como dentro de la Universidad de Panamá, violando por primera vez la autonomía universitaria. Pérez Balladares lo justificó: “Los estudiantes son delincuentes que se refugiaban en el recinto”, dijo. Cuatro años después, el gobierno de Mireya Moscoso reprimió a los desempleados de la Zona Libre de Colón. La cuestión no fue muy distinta durante la administración de Martín Torrijos cuando, en medio de las protestas por un envenenamiento masivo en la Caja del Seguro Social y el Tratado de Promoción Comercial con EEUU, la policía asesinó a Osvaldo Lorenzo, un obrero de la construcción; Luiyi Argüelles, miembro del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), y a Al Iromi Smith, uno de los principales dirigentes del Suntracs en Colón.

Con Ricardo Martinelli fue peor: una policía empoderada con mejoras salariales y el amparo político para destapar la furia, reprimió hasta dejar ciegos, cojos o muertos a los manifestantes de la comarca Ngäbe-Buglé, de Bocas del Toro y a los colonenses, ante las protestas por la ley que pretendía vender los terrenos de la Zona Libre. Aunque la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas pusieron el grito en el cielo, las investigaciones caducaron y los asesinatos quedaron impunes. Luego llegó el turno de Juan Carlos Varela, que apeló a la muletilla “en mi gobierno no se ha utilizado una sola bomba lacrimógena”, pero dio más fuerza y poder político a la policía con medidas como la formación en un instituto militar y poner al frente de la policía a un militar de carrera.

En todo ese tiempo, además de abolir las Fuerzas de Defensa, un paso significativo fue la creación del Miniseg. Fue gracias a una ley de la nación del 14 de abril de 2010 y unificó la conducción de la Policía Nacional, Senafront, Senan y Servicio Nacional de Migración. Ningún presidente se atrevió a encarar otras reformas y en las propuestas de campaña de los últimos cuatro procesos electorales, ningún partido incluyó una propuesta de transformación o reforma. En los hechos, las tradiciones mandan.

En 2019 llegó Nito, y nada fue diferente. Cortizo, egresado de la Academia Militar de Valley Forge en Pennsylvania y autodenominado “primer comandante de este país”, firmó un decreto que reinstauró el Instituto General Tomás Herrera para la formación militar del cuerpo policial y no reaccionó ante ninguna de las represiones. Ni con la de reformas constitucionales de 2019, donde cientos quedaron heridos por perdigones y bombas lacrimógenas vencidas. Tampoco hizo nada cuando el exdirector de la Policía, Jorge Miranda, desatendió y se negó a ejecutar su orden directa de liberar al periodista Juan Cajar.

El “buen gobierno” le asignó al Minseg el doble de presupuesto que al Ministerio de Desarrollo Social, siete veces más de lo otorgado a la Universidad Tecnológica de Panamá y 789 millones de dólares más que al Instituto Conmemorativo Gorgas. Cómo usa el Ministerio ese dinero es otra muestra de su secretismo y autonomía: 808 millones van en gastos de funcionamiento de la fuerza pública. ¿Investigación? ¿Capacitación? ¿Formación en derechos o qué otra cosa evidencia en la plata la apuesta por una policía democrática? Casi nada.

La Policía, el Senan, el Senafront, el SPI y el Minseg, que componen la fuerza pública panameña, están actualmente bajo el mando de oficiales egresados de escuelas militares o navales de México, EE.UU., Colombia y Venezuela. “Durante la dirección de Miranda, en la policía los puestos de mando fueron ocupados por oficiales egresados de Venezuela”, dice Edgardo Falcón, exmiembro de las Fuerzas de Defensa. Gabriel Medina, el actual jefe de la Policía, se graduó del Heroico Colegio Militar de la República de México en 1991 como ingeniero militar.

¿Cómo y por qué se refuerza el poder de la gorra en un Estado que se dice y pretende democrático?

Para Eugenia Rodríguez Blanco, investigadora y doctora en antropología, gran parte de la explicación está en la percepción de inseguridad, que en los últimos diez años se ha mantenido entre 60 y 70 por ciento, avivada en distintos discursos sociales hasta encender alarmas. “El discurso de la inseguridad se ha instalado en la conciencia: estamos amenazados”, dice Rodríguez Blanco. “Ahí es donde entra muy bien este Estado represivo a través de las fuerzas especiales del Estado”, dice. Entonces, los abusos son tolerables: peor que un Estado represivo y antidemocrático, es la idea de acecho. Si a eso se suma los altos niveles de desconfianza en Panamá —somos uno de los países de la región con mayor índice de desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones, según el Latinobarómetro—, el desconocimiento y la flaca tradición de derechos humanos, en lugar de entender que el Estado es garante de protección y derechos, la ciudadanía pide más policía, más castigo, más Estado represor.

La policía se va caminando de la Cinta Costera, donde reprimió a una decena de jóvenes. | Foto: Juan Williams

Lo curioso es que no funciona: en 2020, el año de las restricciones por pandemia y de múltiples casos de brutalidad policial, se registraron 25 homicidios más que en 2019. La policía no garantizó el cese de la violencia, ni de los delitos, entre otras razones, por la débil planificación estratégica.

La tradición de la democracia parece ser la misma que la de la dictadura: manda la bota. En el año 2021, resulta prioridad evaluar, redefinir, y delinear la transformación institucional. ¿Podrá Panamá conseguirlo?

Para Hugo Frühling, autor del ensayo ‘Luces y sombras en la reforma policial latinoamericana’, Panamá es uno de los países menos exitosos de la región en términos de alcanzar desarrollo efectivos de accionar policial democrático. La policía panameña, dice, “confronta problemas de corrupción, acusaciones de abuso policial en el pasado reciente y su equipamiento no es el adecuado”. Pero abre la posibilidad: tiene menos de veinte años de existencia, por lo que tienen un largo camino que recorrer en términos de su fortalecimiento institucional.

¿Cómo se logra una policía menos abusiva en el caso de las protestas sociales? Hay algunos ejemplos en la región. En Argentina, en 2010 quedó terminantemente prohibido que los agentes que participen en operativos de protestas callejeras lleven armas de fuego de cualquier tipo. Para evitar criminalizar las protestas, la prohibición incluyó a las escopetas que disparan postas de goma y a las pistolas lanzagases. El año pasado en Colombia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, determinó que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, una fuerza abusiva, no volvería a participar del control de protestas en la ciudad y, en cambio, estarán las Madres Gestoras de Paz en las marchas, quienes irán acompañadas por otro grupo de gestores de convivencia para mediar la situación. Además, armó un protocolo para garantizar la movilización pacífica y solo como último recurso entrará la policía, sin armas y sin el protagonismo de la Esmad. 

“Más allá de los escándalos de violencia y corrupción, las policías requieren de un proceso de transformación planificado, sostenido en el tiempo y con aporte civil suficiente para aumentar su eficiencia y eficacia”, sostiene Lucia Dammert, profesora titular de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Santiago de Chile, en el documento ‘Reforma policial Agenda (aún) pendiente en América Latina’. Dammert indica que los procesos de cambio desarrollados en las últimas tres décadas “son insuficientes” y “muestran permanentes procesos de retroceso guiados por voluntades políticas electorales más que por diseños técnicos o de gestión”.

Eso se notó durante la pandemia, y también lo apuntó Dammert: “Ha desnudado las carencias en las capacidades de gestión y respuesta rápida del trabajo policial, así como las debilidades de salud de muchos de sus miembros”.

Los manifestantes reducidos por una treintena de oficiales de la Fuerza Alfa. | Foto: Juan Williams

Por el poder de la bota sobre una fuerza para la seguridad ciudadana en democracia en Panamá, el Miniseg evalúa una propuesta para reformar la policía, el Senafront y el Senan. La idea es “mando y control” para acabar con la “estructura piramidal distorsionada” que existe debido al exceso de jefes en relación a oficiales de bajo rango. Además, intenta reformar viejos problemas como la regulación de ascensos. Pero seguirán siendo militares en las manifestaciones pacíficas. Mientras, en la Asamblea, la diputada Mayín Correa presentó un anteproyecto de ley para penalizar el abuso policial. ¿Podrá la democracia panameña, más de tres décadas después de sepultada la dictadura, darse una policía democrática? No sabemos. Lo que es obvio es que si la única vía de gestión de conflictividad o tensiones sociales es el uso de la fuerza, la democracia —el Estado y sus representantes— fracasa: las demandas sociales no se solucionan con aumento de fuerza. La solución es con gestión pública.

About the author

Juan Williams

Juan estudió Derecho y tiene una especialización en Derecho Económico y Comercial por la Universidad Católica de Chile. Es cofundador y director de la empresa fintech PayCaddy y se ha desempeñado como investigador y asesor de política económica, social e institucional para la campaña presidencial de 2019. Pero su pasión es el fotoperiodismo. Un día salió a tomar fotos a una protesta y vio de cerca cómo una policía golpeaba en la cara a una manifestante. Allí decidió contar a profundidad el origen y la brutalidad de la represión policial en Panamá durante la pandemia.