Dos emergencias en el abandono

La falta de control en obras, la ausencia de un plan de manejo de desastres y el negacionismo sobre el impacto climático, dejan a Panamá a su suerte ante eventos como Eta o Iota . Los huracanes del 4 y 15 de noviembre destrozaron caminos y aislaron comunidades enteras en Chiriquí y en la Comarca Ngäbe ̶ Buglé. Hubo 21 personas muertas y más de 700 familias afectadas. ¿Reaccionará el Gobierno ante el mensaje de la naturaleza?

El cuatro de noviembre a las dos de la tarde en Cerro Punta se escuchó un trueno que remeció la montaña. Estallaban las represas naturales formadas por los torrentes que bajaban de los cultivos en las alturas, arrastrando árboles hasta el cauce del Río Chiriquí Viejo. Eta se hacía sentir en las Tierras Altas de la provincia de Chiriquí con detonaciones de madera, agua, piedra y lodo. En cuatro días dejó 19 muertos, 3,815 afectados, más de 2 mil personas en albergues y la evidencia de la soledad en el desastre.

El miércoles en que todo empezó, el viento zumbaba en el valle anunciando el caos. En su descontrol, las aguas arrancaban postes de luz, rocas, contenedores, casas. El río se llevó parte de la carretera que conectaba Cerro Punta con las comunidades de Bambito y Volcán. Al caer la noche, todo quedó anegado y a oscuras, al interrumpirse el suministro eléctrico. Sin luz, fallaron las repetidoras, por lo que tampoco había señal de celular. Durante cinco días las comunicaciones fueron por radio. A lo largo de la carretera principal, el suministro de agua potable cesó.

Al oeste del Volcán Barú, la gente quedó atrapada en los cerros, sin agua ni comida. Por lo menos tres fallecieron cuando un alud sepultó una finca en Bambito, entre decenas que fueron afectadas. A través de las redes sociales, el alcalde del distrito, Javier Pitti, le pedía a la población evacuar. El Servicio Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a quien por la ley 7 de 2005 le compete liderar la respuesta frente a emergencias, emitía una alerta amarilla para la provincia y trasladaba a trescientas familias a albergues.

Rescatistas trasladan a una mujer enferma en el sector de Cerro Punta, el seis de diciembre. Decenas de personas quedaron atrapadas por los deslaves en Tierras Altas, Chiriquí, tras las afectaciones de Eta. Foto: Mauricio Valenzuela | Xinhua.

La escena era de fin del mundo. A las barriadas anegadas no se podía llegar ni por carretera ni por aire. En un hotel en Bambito, situado a la orilla del río, 45 personas pasaron el cuatro de noviembre encerradas mientras el temporal amainaba. Al día siguiente, vecinos de la zona las buscaron y guiaron a través de la montaña para sacarlas de allí. “Arriesgaron su vida”, contó Geasmine en Twitter. Un empresario llamado Juan rescató cerca de 300 personas con los camiones de carga. En una barriada llamada La Filipina, en Tierras Altas, quienes vivían en las zonas más elevadas abrieron sus casas a los refugiados. En medio de la devastación se compartió la comida. Fue la gente la que salvó a la gente, aunque lo que pasó se sabía.

El dos de noviembre el Departamento de Hidrometeorología de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) había avisado que Eta golpearía al país. Pero las comunidades quedaron a su suerte.  El Gobierno falló en dar la alerta a tiempo, a pesar de que Cerro Punta ya había sido identificado en septiembre por el Sinaproc como una de 100 comunidades en riesgo de inundaciones y deslizamientos a nivel nacional. Y de que la cuenca del Río Chiriquí Viejo contaba desde el 2012 con un sistema de alerta temprano, como detalla un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Qué sucedió con el monitoreo del nivel del río, que estaba cargo de la policía, cuando Eta desbocó las aguas?

Dos semanas después, llegó Iota y no fue muy distinto. Aunque inicialmente se emitió una alerta amarilla, con una alerta verde para algunas provincias y, el 15 de noviembre, la roja para Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé, nunca pudieron gestionar la asistencia de manera articulada. Otra vez la gente en manos de la gente.

Sin plan de emergencia en emergencia

¿Cómo un huracán nos agarra desprevenidos si había sido anunciado? ¿Por qué no activaron un plan para resguardar las vidas en esos lugares donde se sabía que el impacto sería de muerte? ¿Cómo no ver la evidencia de la amenaza si todos los portales de climas marcaban a Panamá como zona roja?

El país no tiene un plan de emergencia nacional en funcionamiento. En los papeles sobre la gestión de riesgo de desastres hay una política, un plan y una plataforma. A nivel internacional, el estado panameño ha asumido compromisos como el Marco Estratégico para la Reducción de las Vulnerabilidades y Desastres en Centroamérica, la Política Centroamericana de Gestión Integrada del Riesgo y el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015. Pero en los hechos ninguno terminó de articular los organismos del Estado e instituciones de la sociedad civil con las acciones para prevenir y asistir en estas situaciones. O para implementar un sistema de alerta temprana, algo con lo que el gobierno de Juan Carlos Varela se comprometió al firmar el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres.

En Tierras Altas, los vecinos, las oenegés, la junta comunal, la iglesia adventista y los bomberos gestionaron la emergencia como pudieron. Foto: Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

En 2010 se elaboró una Política Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, una guía que enumera las acciones a seguir para reducir y controlar amenazas, con cosas como la supervisión, por parte del Sinaproc, “del proceso de recuperación sostenida de las áreas que han sido afectadas”; la provisión de “recursos financieros para la reposición de activos afectados”, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); el fomento de una “cultura de prevención de riesgos” a través del Ministerio de Educación (Meduca) y la Universidad de Panamá; y la promoción desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) “del enfoque de gestión integral de riesgo de desastres en sus políticas y estrategias de asentamientos humanos”.

Esa política, sin embargo, nunca llegó a ser plan: es una lista de orientaciones que jamás se articularon para definir responsabilidades entre las diferentes instituciones durante una emergencia. Ese mismo año, el gobierno de Ricardo Martinelli adoptó una versión actualizada del Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastre (PNGIRD), elaborada originalmente en 2008. Entre sus ejes de operación, le adjudica al Sinaproc la confección de planes de emergencias y simulacros; al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la búsqueda de albergues potenciales; Miambiente deberá identificar las cuencas hidrográficas más vulnerables; y el MOP, encargarse de la canalización de ríos y quebradas. Pero tampoco se implementó.

¿Qué pasó con estos planes? Hay quienes dicen que van a ser actualizados. Otros indican que era un listado de buenas intenciones, pero nunca nadie se preocupó. También están quienes dicen que el plan de contingencia surgió en el momento del desastre provocado por Eta, como es el caso de Yira Campos, directora de prevención y mitigación de desastres del Sinaproc. Advierte que es algo que se debe definir, “porque va a volver a pasar”.

Riesgos latentes 

Casi un mes después de que las lluvias de Eta convirtieran lo que hasta entonces había sido una inofensiva quebrada en la barriada La Filipina en un torrente que se llevó entre tres y siete casas, la junta comunal, la cancha y el gimnasio, los moradores se preparaban para evacuar ante una nueva crecida, producto de aguaceros que se registraron el tres de diciembre. Esta vez, aunque las aguas subieron de nivel, no se registraron afectaciones.

En esta comunidad de cuarenta viviendas se construyó a orillas del río, incumpliendo lo dispuesto por la ley 1 de 1994, que establece una franja boscosa no menor de 10 metros en ambas riberas. Aun así, los ingenieros municipales otorgaron los permisos de construcción, Miambiente aprobó los estudios de impacto ambiental y Sinaproc no realizó las inspecciones correspondientes. En fin, las autoridades fueron permisivas, señala Enoch Santamaría, representante del corregimiento de Cerro Punta.

Cerro Punta estuvo aislado del resto de la provincia de Chiriquí durante tres días, luego de que el Río Chiriquí Viejo se llevó parte de la carretera. Foto: Enoch Santamaría

También falló el MOP, al no encargarse del “mantenimiento rutinario y periódico de cauces” en áreas inundables. Entre ellas, la cuenca del Río Chiriquí Viejo, incluida en el 2015 en un mapa de las zonas susceptibles a inundaciones, elaborado por el Sinaproc. En la zona tampoco hubo coordinación con otras entidades como Mida, Miambiente, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y las autoridades municipales para adoptar acciones de mitigación, como limitar la extensión de los sembradíos que causan erosión en las pendientes de las montañas y ubicar barreras de protección. En noviembre ya era tarde: entre el 1 y 6 las lluvias derivadas de Eta excedieron en un 192% la precipitación acostumbrada para este mes en la región.

Son problemas que se repiten en un país con una media anual de precipitación de 2.924 milímetros —de acuerdo con datos del Plan Nacional de Seguridad Hídrica—, donde las inundaciones son recurrentes, debido a las fallas en la planificación urbana e infraestructura básica, entre otros factores. Una situación que es agravada, según un informe de 2017 elaborado por la Alcaldía de Panamá, por “el incumplimiento de los códigos y normas de construcción de espaldas a la realidad del cambio climático”. Al aprobarse proyectos sin estudio de impacto ambiental en las costas, zonas de manglares y en las servidumbres de los ríos se ha reducido su función de “franja protectora y controladores del régimen hídrico”. “Ahora que el río ha reclamado lo que es suyo es hora de hacer un alto y redificar”, afirma José Victoria, director nacional de seguridad hídrica de Miambiente.

Lecciones tras la tormenta 

Ante la magnitud del desastre en Tierras Altas, a las entidades estatales y a la empresa privada les tomó varios días procurar el retorno a la normalidad. En Cerro Punta, el Idaan restableció el suministro 72 horas después. Durante una semana la energía eléctrica fue suministrada por generadores. No hubo señal de celular hasta después de cinco días. La vía terrestre no pudo ser reabierta hasta el siete de noviembre.

Luego de tres días de aislamiento, el gobernador Juan Carlos Muñoz apareció en la comunidad acompañado por un grupo de ministros, entre ellos Janaina Tewaney, de la cartera de Gobierno, cuya estructura incluye al Sinaproc. Les seguiría el presidente Laurentino Cortizo, dos semanas después. Asomado a una ventana de la casa de Blanca Esther Miranda vio lodo y escombros. “Perdí todo, de qué me sirve a mi tener un presidente que sube y baja… Él duerme en su casa, come bien y nosotros qué”, reclamó la mujer en el medio digital Tierras Altas TV.

El Miviot estima que se requerirá una inversión de 10 millones de dólares para reparar las viviendas afectadas. Foto: Enoch Santamaría

Los engranajes de la respuesta gubernamental han tenido una década para alistarse. En diciembre de 2010, la tormenta “La Purísima” afectó el tránsito por el Canal y por el Puente Centenario. Seis años después, en diciembre de 2016, el Huracán Otto pasó frente a las costas panameñas dejando por lo menos cuatro víctimas fatales. Fue seguido por Nate, en el 2017, que afectó Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro, Colón y las comarcas. Los efectos indirectos de Eta e Iota provocaron 21 muertes y 14 desapariciones.

Son experiencias que no se han traducido en acciones concretas frente a huracanes u otras emergencias climáticas potenciales, subraya Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). Por su parte, Campos opina que ha carecido de la voluntad política para “sacar a la gente de las orillas y ordenar el territorio”.

Ante la falta de una mayor coordinación entre las instituciones a quienes les corresponde la respuesta frente a desastres, la comunidad científica se ha organizado. A principios de noviembre, entidades como el Urban Risk Center, Panama Flying Labs, YouthMappers Panamá y la Universidad Autónoma de Chiriquí unieron esfuerzos para crear una plataforma abierta en la que los usuarios pudieran compartir información como una forma de lograr la resiliencia.

Los datos que aparecen en el portal de Ciencia Ciudadana  son recopilados a través de formularios digitales y validados por instituciones como el Centro de Operaciones de Emergencia, que debe coordinar la respuesta de las entidades estatales y privadas. Según Alexander Coles, profesor de geografía y de ciencias ambientales de la Florida State University, se encuentran en conversaciones con la Gobernación de la Provincia de Panamá para expandir el alcance de la plataforma, cuyos datos procedían inicialmente de las Tierras Altas. Más recientemente, se ha compartido información sobre inundaciones suscitadas en Clayton.

En el caso de Eta se subieron datos relacionados con afectaciones, vías afectadas y albergues disponibles. En una pantalla aparecía la trayectoria del huracán. Es conocimiento que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, que permite adaptarse frente a un clima que ya no es el mismo con el que crecimos.

About the author

Errol Caballero

Periodista panameño y parte del colectivo Concolón, Errol ha sido editor de la revista Portada y colaborado con medios locales e internacionales como la NBC, La Estrella, Soho y Mundo Social. Para la Revista Concolón investigó y escribió el especial "Patacón", publicado en alianza con Connectas. Por su trabajo periodístico Errol ha sido premiado en cinco ocasiones. Además, es poeta: en 1998 publicó el poemario "El vértigo azul", al que le seguiría "Las ínsulas del odio" (2002). En medio de esta doble crisis pandémica y económica del Covid-19 se reencontró con la escritura.