PanaDeuda: los millones de Nito en Emergencia

Desde que inició la pandemia, Panamá ha pedido más de 6 mil millones de dólares para asegurar su presupuesto de este año y la respuesta a la crisis. Y aunque, según especialistas, endeudarse es el único camino posible en este momento, se encienden las alarmas ante la gran duda: ¿a qué está destinando el Gobierno la plata?

El lunes 9 de marzo el año 2020 cambió para siempre a Panamá, cuando se confirmó el primer caso de Covid-19. Una semana después todo cerró y, al cabo de algunos días, se instaló el estado de emergencia. La cuarentena más estricta del mundo, como la bautizaron muchos, llevó rápido a lo inevitable: calles desiertas, comercios cerrados y la recaudación de impuestos cayendo en picada. Muchas necesitades y poco con qué afrontarlas.

Sin control sobre el sistema monetario y sin posibilidad de reunir los ingresos para completar el presupuesto, el gobierno de Laurentino Cortizo echó mano de la opción b: endeudarnos. Entre los seis contratos de préstamo con instituciones financieras y la deuda por emisión de bonos, suman hasta ahora 6,434 millones de dólares que pagaremos, en algunos casos, por los próximos 36 años.

Al 31 de julio, el saldo de la deuda pública total aumentó en 4,459.5 millones de dólares, un 15.6 por ciento por encima al registrado al cierre del mismo mes del año antes, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Es el mayor incremento registrado en una década.

Pero aunque la pandemia ha cebado la necesidad de pedir sumas multimillonarias en todo el mundo, aquí la cuestión no empezó con el virus.

Doce días después de asumir, el 12 de julio de 2019, Cortizo anunció que había conseguido su primer préstamo. Fueron 2,000 millones de dólares en bonos para cancelar compromisos con proveedores del Estado —agricultores, constructores— y aumentos de salarios pendientes a funcionarios. Según los registros de la transacción, en el año 2060 pagaremos el último dólar de esa deuda. En noviembre de ese año se pidieron 1,300 millones más —ésta vez para obtener flujo de caja para buscar más fondos para pagar otras deudas por vencer—. Luego llegó ese día de marzo que cambió el 2020 para Panamá.

Al 31 de julio de este año y con la justificación de la emergencia, el gobierno tomó seis préstamos por un total de 1,483.5 millones de dólares con instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional y los bancos CAF-Desarrollo de América Latina e Interamericano de Desarrollo (BID).

Para esa misma fecha, se habían desembolsado 1,263.5 millones, según una respuesta del MEF a un pedido de acceso a información pública presentado por Concolón y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

El primero en acordarse fue uno del Fondo Monetario Internacional. 513.5 millones de dólares dirigido a asistir a los bancos —“500 millones para Fondo de Estímulo Bancario”— y a financiar el déficit del Estado —“13.5 millones para el financiamiento del déficit del Estado antes la caída de ingresos”—, según la misma respuesta del MEF. Al momento del anuncio, el FMI emitió un comunicado donde lo justificó así: “Para abordar la crisis, las políticas deben ser acomodaticias. Es necesario reorientar la política fiscal hacia las prioridades a corto plazo para mitigar el impacto de la pandemia”. Y valoró: “las autoridades anunciaron un paquete de medidas fiscales para aumentar el gasto sanitario y aumentar las transferencias a los pobres en el marco del programa «Panamá Solidario».

Hay más destinados a pagar déficit, o sea, gastos del Estado: tres de los seis.

Además del FMI, apuntan a eso uno de los dos préstamos adquiridos con el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, por 350 millones de dólares, y uno de los dos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de hasta 400 millones para la implementación del “Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal”.

Entre los tres préstamos con entidades multilaterales, suman 763.5 millones de dólares para déficit versus 220 millones conseguidos para cuestiones como apoyo a Pymes o financiamiento para compras de insumo del Ministerio de Salud en el marco de la Pandemia.

Entre los últimos, están uno del BID por 150 millones de dólares para dar créditos a pequeños empresarios, fundamentalmente del sector agropecuario, afectados por la pandemia. El Banco Nacional será quien administrará esos créditos (ver gaceta oficial). A eso se suman uno del BIRF de 20 millones de dólares, un crédito a 10 años con una amortización semestral y a tasa Libor, para “respuesta a de Emergencia Covid-19” (ver aquí); y otro de 50 millones del CAF para financiar “la emergencia sanitaria”, como se publicó en la gaceta oficial.

Además de eso, el Estado emitió en marzo bonos por 2,500 millones de dólares, con vencimiento en el año 2056 y una tasa de interés de 4.5 por ciento. ¿Quiénes lo compraron? El secreto de la operación es tajante: no podemos saberlo porque es información confidencial que sólo manejan los intermediarios, que son los bancos.

Lo que sabemos es que Panamá pagará en deuda el próximo año tres veces más de lo que destina en subsidios económicos a su población. Entre lo acumulado y lo reciente por Covid-19, Panamá debía poco más de 33 mil millones de dólares. Eso supone que cada panameño, rico o pobre, debe pagar más de 8 mil dólares para cancelarla.

La ruta del Gobierno para reactivar la economía pasa también por echar mano del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), que, según este informe, hasta marzo contaba con poco más de 1,350 millones de dólares en activos. Aunque legítimo, fue cuestionado que el gobierno haya decidido pellizcar 80 millones de dólares para aumentar la línea de crédito del Fondo Solidario de Vivienda: 10 mil dólares para cada persona que quiera comprar una casa de hasta 70 mil, algo que según especialistas como Felipe Argote no apunta a equilibrar desigualdades ni a reactivar la economía. Pero esa es otra historia.

Además de bonos, préstamos y toques al Fondo de Ahorro, están las donaciones internacionales. De acuerdo con el MEF, hasta agosto Panamá recibió poco más de 1.8 millones de dólares que no debe devolver, para comprar insumos para combatir la covid-19. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donó en marzo un millón de dólares que ya fue desembolsado y el CAF prometió en abril 400 mil dólares que al 25 de agosto estaban pendientes de ser recibidos. En junio el BCIE envió 300 mil dólares para comprar 26 mil pruebas de covid-19, y en agosto otros 160 mil dólares para adquirir 500 kits de extracciones de RNA para detectar la nueva enfermedad.

Pero la mirada de muchos sigue estando sobre la deuda. Que crece. Y seguirá creciendo.

Al cierre de esta publicación se anunció otra emisión: 2,575 millones de dólares en bonos para recomprar bonos que vencen el año que viene y en 2022. “Recibimos 10 mil millones de dólares en ofertas”, celebró el MEF.

“Resulta alentadora la reacción positiva de los mercados, lo que reafirma la confianza de los inversionistas en Panamá”, planteó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Jean Pierre Leignadier.

La Ley 38 de 2012 establece que la deuda pública no debe superar el 40 por ciento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la calificadora de riesgo Moody’s estima que en 2020 la deuda panameña superará el 53 por ciento del PIB. La misma norma abre la puerta aunque ante una emergencia nacional o un bajo crecimiento, el MEF pueda pedir permiso a la Asamblea Nacional para que el nivel de deuda sea mayor.

¿Está mal endeudarse tanto? Los economistas coinciden en que no: es el mecanismo para sacar a Panamá de la recesión que se avecina. “La facultad para tomar deuda es amplia. Lo que se procura es que la deuda sea sostenible”, explica el analista económico Felipe Chapman. Para que sea sostenible, hay que usarla bien.

La cuestión, entonces, es deuda para qué.

Felipe Argote lo resume así: “Cuando pides deuda, tienes dos opciones: para consumo o para inversión. Consumo: se te termina la plata y quedas sin nada. Inversión: te genera ingresos y pagas la deuda”.

Nuevamente: el tema no es cuánto sino cómo se usarán los fondos. La discusión regresa una vez más al plan. Al plan que no hay.

*Este texto es un anticipo de la serie PanAdeuda, un especial sobre deuda pública en tiempos de pandemia con el apoyo del programa Abriendo Datos del ICFJ.

About the author

Jose Arcia

Fundador del colectivo Concolón, José lleva más de 15 años gastando las suelas de los zapatos con el periodismo. Literal: camina, va y viene donde sea por el dato más insignificante. Lo hizo al principio como reportero en diario La Prensa, colaborando con la agencia de noticias AFP o en la revista ambiental Mongabay Latam, hasta llegar a ser editor de cierre de La Estrella de Panamá. Para Concolón, metió las narices en las cifras de la deuda.