Panamá, a la sombra del Cuartel

El Ejército fue disuelto tras la Invasión, pero el legado de las fuerzas armadas pervive en los estamentos de seguridad. Desde los actuales uniformes camuflados hasta la violación de derechos humanos. ¿Cómo es la relación entre militarismo y política en el istmo? Capítulo panameño del especial en alianza con Divergentes: La reconfiguración del militarismo en Centroamérica

Hace 26 años que Panamá, por enmienda constitucional, no tiene ejército. Fue disuelto tras la invasión del 20 de diciembre de 1989, orquestada y ejecutada por Estados Unidos. Desde entonces, la economía ha crecido de forma sostenida y siete presidentes de distintos partidos fueron elegidos por voto popular para gobernar un país cuya prosperidad es el revés de una profunda desigualdad: la sexta a nivel mundial.

Eso convirtió a Panamá en una rareza en la región, junto a Costa Rica: una democracia sin fuerzas armadas. Mientras en Guatemala el ejército se recicló tras la dictadura para permanecer en el centro mismo del poder político; en El Salvador el jefe de las fuerzas castrenses acompaña al presidente y en Honduras son actores clave de las decisiones políticas, aquí, en los papeles, no hay botas olisqueando el poder. Pero, ¿el poder dejó ir, con los militares, su dominio autoritario y avanzó hacia una sociedad más democrática? ¿la policía se democratizó? ¿respeta los derechos humanos y tiene apego a las leyes?

El país sepultó la estructura en 1990, cuando creó la Fuerza Pública, encargada de la seguridad y la defensa nacional tras el legado de represión de las Fuerzas de Defensa (FFDD), el brazo armado de la dictadura que controló el país entre 1968 y 1989. Pero el poder de la bota sigue rondando aquí. Algunas de las estructuras y vicios heredados de los militares persisten.

Por estos días en que un virus atroz frenó el mundo y llevó a millones de personas a encerrase en sus casas, la policía ha sido objeto de denuncias de violencia contra las personas LGTBI+ y los pobres de siempre. En La Chorrera, metieron presa a una mujer trans por salir de casa hasta con salvoconducto, con la excusa de la cuarentena por sexo. En San Miguelito, el 30 de abril la policía sometió a un hombre que fue denunciado por alterar el orden con descargas de un arma Taser. Murió sin atención médica. La Defensoría del Pueblo ha recibido 65 quejas relacionadas con distintas violaciones de derechos por parte de la policía desde noviembre pasado.

Además, hay quienes dudan del fin del Ejército: el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) cuenta en la práctica con orientación y equipo militar —fusiles de asalto M4, lanza-granadas, humvees, etc. Desde su creación, en 2008, ha sido utilizada como fuerza de choque en las protestas ciudadanas —en San Félix, Chiriquí (2012), Bocas del Toro (2010) y Colón (2012), por ejemplo. Con la represión en las manifestaciones de San Félix contra la instalación de hidroeléctricas y minas en territorio indígena, asesinaron a Jerónimo Tugrí: el 5 de febrero de 2012 le abrieran el pecho con una escopeta. El Ministerio Público fue incapaz de identificar quien le disparó. Las demandas de las víctimas de la bota en la Justicia nunca prosperaron.

Panamá no cuenta con fuerzas militares, pero: ¿hay o no autoritarismo y prepotencia en las fuerzas de seguridad? ¿Cómo es la relación entre militarismo y política en el istmo? En alianza con Divergentes, realizamos un viaje a la Centroamérica con un pasado militar escabroso que todavía pesa, en La reconfiguración del militarismo en Centroamérica. Aquí, el capítulo panameño.

¿Sin ejército?

En 1990, después de que los gringos escupieran fuego, regaran sangre e instauraran la democracia, y como parte de su nueva estrategia de seguridad en la región, ayudaron a Panamá a alumbrar una nueva fuerza policial, que quedaría en la Constitución en 1994. A partir de entonces, está prohibida la creación de un ejército permanente, solo fuerzas especiales de carácter temporal en caso de una agresión externa.

Desde el 2008, ante el avance de los carteles de la droga y la creciente amenaza de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —que entre 2000 y 2011 se enfrentaron a la policía en 20 poblados de la provincia del Darién—, a estas fuerzas especiales se les conoce como el Senafront. Estados Unidos aportó estrategia, capacitación, doctrina y armamento para su conformación. Un dato: el primer curso, que se dictó en la Escuela de Gamboa, contó con equipo y entrenamiento facilitado por el ejército estadounidense.

El vínculo continuó los años siguientes, hasta hoy, con donaciones que se reciben de la embajada norteamericana, operativos en conjunto con el Comando Sur y en el “alineamiento” en materia de seguridad al que alude el ministro Juan Manuel Pino, ex Senan y formado en Fort Benning.

El Senafront funciona como un pequeño ejército dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad, con bases en Darién y otras provincias. Su presupuesto casi se ha quintuplicado desde su creación: de 20 millones en el 2008 a 96 millones de dólares en la actualidad. En los papeles, debería lidiar con grupos guerrilleros y criminales colombianos, desmantelando campamentos y laboratorios en la selva y en las costas. Pero sus unidades también han sido destinadas a labores policiales como “control de disturbios”, lejos de las zonas fronterizas.

A pesar de facilitar el despliegue de asistencia humanitaria, su récord en derechos humanos está empañado por la represión. Su participación en las protestas en Bocas del Toro, de las que se conmemoran 10 años, fue nefasta: cientos de heridos y lisiados; otros cegados por los perdigones. Hoy, cuando tiene a cargo el manejo de la situación de los 1,700 migrantes que quedaron varados en el Darién tras el cierre de fronteras por la pandemia, las denuncias continúan.

La CIDH sentó al Estado panameño en audiencia por trato a migrantes en Darién.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunció que el “Estado panameño no ha tomado las acciones necesarias para proteger los derechos humanos de esta población”. En una audiencia convocada recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revisar medidas de protección a favor de los migrantes que se encuentran en Darién trascendió, además, que el Senafront, encargado de custodiar el perímetro de las estaciones migratorias, falló en autorizar el traslado oportuno de una mujer de Camerún que se encontraba enferma y que falleció camino al centro de salud.

En la audiencia se mostró también que los albergues para migrantes carecen de condiciones para frenar el avance del Covid-19. Marcela Martino, subdirectora de CEJIL, dijo que el Estado debe prover a las más de 1700 personas varadas allí de “acceso a ventilación natural, artículos de higiene, mascarillas, alcohol y otros aspectos básicos como lavado de manos” y protocolos para prevenir los contagios. “La gravedad de la situación se evidencia en los 200 casos de personas contagiadas por Covid-19 registrados en las estaciones migratorias en los últimos meses”, indicaron.

Fuerzas especiales y fronterizas son esenciales en cualquier país soberano. El tema es qué clase de fuerzas. “Nadie puede negar la importancia del establecimiento de fuerzas especiales y fronterizas para combatir el tráfico de personas y drogas, pero las de Panamá, además de ser represivas, responden a una agenda de Estados Unidos”, indica Gilma Camargo, abogada de derechos humanos.

¿Proteger y servir?

Mientras que el Senafront es cuestionado por el manejo de la emergencia sanitaria en la selva darienita, en la ciudad los estamentos de seguridad son señalados por la Defensoría del Pueblo: “El estado de excepción no los exime de su deber constitucional de proteger y servir”, sostuvo la defensora del Pueblo, Maribel Coco. La situación es preocupante, además, por las cientos de detenciones que se dan cada fin de semana por violaciones al toque de queda.

El exceso de fuerza es un tema recurrente. En el 2013 dos menores de edad fallecieron luego de que el vehículo donde viajaban fuese baleado por unidades de policía durante un operativo antinarcóticos, en San Carlos. Su vehículo fue confundido con el de unos narcos en un retén. Uno de los uniformados involucrados fue condenado a 30 años de prisión.

Los retenes han sido fuente de roces frecuentes. Según un informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, la policía debe mejorar su desempeño en lo que respecta a las pesquisas de personas y registro de vehículos. También en allanamientos residenciales, medidas de protección a las víctimas, preservación de la escena del hecho delictivo, etc.

Párrafo aparte para la violencia policial hacia la comunidad LGTBI+. Asociaciones que defienden los derechos de la comunidad transgénero contabilizan 20 denuncias de discriminación en un periodo de dos meses durante la cuarentena por sexo, que fueron remitidas a la Defensoría del Pueblo. Las situaciones vividas por las personas trans cuando intentan ir a comprar alimentos básicos, van desde detenciones, maltratos y burlas. “El gobierno debe actuar con mayor determinación para evitar que la cuarentena por géneros que ha establecido siga teniendo consecuencias discriminatorias, o directamente eliminar la medida”, pidieron desde la organización Human Rights Watch.

Resabios de las FFDD

Otro de los legados de la dictadura es el otorgamiento de ascensos por cuestiones políticas en las filas de la policía nacional: el famoso amiguismo o acomodo. “Es una práctica que termina trastocando el escalafón”, según Francisco Álvarez Carreira, exmiembro de las FFDD. El año pasado se presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por catorce “ascensos irregulares” en los estamentos de seguridad.

En la actualidad, en la planilla del Ministerio de Seguridad aparecen cerca de 118 comisionados con un salario promedio de cinco mil dólares cada uno, una cantidad que, según el exmayor Fernando Quezada, “refleja una saturación en los rangos superiores”. Es una manera de congraciarse con sus subordinados, tal como se hacía en los cuarteles.

Hoy, como ayer, los uniformes generan malestar entre la población civil. Algunas unidades, como las del Senafront y el Senan utilizan camuflaje cuando operan en entornos urbanos. “Esto les causa a los policías un daño terrible en su estructura mental y, por consiguiente, en su comportamiento. No saben realmente quiénes son, ni cómo comportarse, si como policías o soldados”, señala Quezada, quien fuera director de la policía después de la Invasión.

Para conocer si existe o no confusión entre las diferentes unidades que integran el Ministerio de Seguridad, y si se ha planteado la implementación de un sistema de méritos al momento de otorgar los ascensos, se envió un cuestionario por correo electrónico a la entidad. Al cierre de este reportaje no se recibió respuesta.

A diferencia de 30 años atrás, Panamá ya no necesita de un ejército para garantizar la seguridad del Canal. Tampoco para preservar la democracia, en opinión de los expertos consultados. Es tiempo de, como propone Camargo, resolver el “tema de la dictadura y del abuso de autoridad”; de repensar a las instituciones de seguridad para que superen un militarismo de vieja escuela y sean eficaces, responsables y transparentes, para que vuelvan a incorporar a las comunidades, promoviendo la participación ciudadana por encima del acto represivo.

*Este texto forma parte de una alianza periodística entre Divergentes de Nicaragua y Revista Concolón de Panamá.

About the author

Errol Caballero

Periodista panameño y parte del colectivo Concolón, Errol ha sido editor de la revista Portada y colaborado con medios locales e internacionales como la NBC, La Estrella, Soho y Mundo Social. Para la Revista Concolón investigó y escribió el especial "Patacón", publicado en alianza con Connectas. Por su trabajo periodístico Errol ha sido premiado en cinco ocasiones. Además, es poeta: en 1998 publicó el poemario "El vértigo azul", al que le seguiría "Las ínsulas del odio" (2002). En medio de esta doble crisis pandémica y económica del Covid-19 se reencontró con la escritura.